Gobierno convoca Acuerdo de Escazú y otros 180 proyectos de ley a la Asamblea Legislativa

San José, 12 abr (elmundo.cr) – El Poder Ejecutivo convocó 181 proyectos de ley a la corriente legislativa.

Entre los proyectos convocados se encuentra el expediente 21 245, de Aprobación del acuerdo regional sobre el acceso a la información, la participación pública y el acceso a la justicia en asuntos ambientales en América Latina y el Caribe (Acuerdo de Escazú).

El Acuerdo de Escazú, es el primer tratado de derechos humanos en materia ambiental para América Latina y el Caribe. Se aprobó en marzo de 2018 después de una negociación que duró alrededor de seis años.

Desarrolla el Principio 10 de la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo de 1992, que busca asegurar el acceso a la información, la participación ciudadana y el acceso a la justicia en asuntos ambientales.

El Acuerdo de Escazú desarrolla esos tres derechos y apunta a promover una mejor gobernanza de los recursos naturales en la región. Veinticuatro países lo aprobaron su texto final en marzo de 2018, en la localidad de Escazú, donde se realizó la última de las nueve reuniones del Comité de Negociación.

Algunos sectores han mostrado su disconformidad con el proyecto de ley, tal es el caso de la Cámara de Industrias de Costa Rica, que considera que suscribir el acuerdo “va en contra de la seguridad jurídica y del empleo”.

CICR se opone al Acuerdo de Escazú: “va en contra de la seguridad jurídica y del empleo”, aseguran

 

El Acuerdo de Escazú incorpora varios elementos innovadores. Primero, tiene una disposición específica sobre los defensores y defensoras de derechos humanos en materia ambiental, sin precedentes en la región.

Segundo, incorpora un enfoque de derechos para pueblos indígenas y poblaciones en situación de vulnerabilidad, con disposiciones para favorecer el acceso de estos grupos al acceso a la información, la participación y el acceso a la justicia.

Tercero, también integra el espíritu de los Principios Rectores sobre Empresas y Derechos Humanos de las Naciones Unidas sobre obligaciones específicas para las empresas en cuanto al respeto de los derechos humanos en las actividades que realizan.

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