San José, 5 jul (elmundo.cr) – El Gobierno de Luis Guillermo Solís emitió este martes un decreto que pretende llenar los “vacíos legales y reglamentarios” que dieron pie a los casos que fueron revelados en la investigación periodística internacional denominada Panama Papers.
Según explicó Casa Presidencial en la conferencia de prensa posterior al Consejo de Gobierno, el decreto reforma el reglamento de la Ley sobre Estupefacientes, Sustancias Psicotrópicas, Drogas de uso no autorizado, actividades conexas, legitimación de capitales, con el fin de fortalecer los mecanismos de prevención, detección, control y reporte, que llevan a cabo las entidades financieras y otros sujetos regulados por la distintas Superintendencias, sobre los clientes que pretendan realizar operaciones calificadas como sospechosas de lavado de dinero o financiamiento al terrorismo.
“La propuesta de esta modificación del Reglamento, además de adecuar la norma nacional a los estándares internacionales exigidos tanto en las distintas Convenciones de la Naciones Unidas, como por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), forma parte de los compromisos de lucha contra la corrupción impulsados en la Estrategia Nacional para un Gobierno Abierto 2015-2018”, afirmó Presidencia.
El Ministro de Hacienda ad interim, Fernando Rodríguez afirmó que el Gobierno ejecutó esta medida como una respuesta concreta a estos vacíos legales y reglamentarios.
“Esta investigación permitió descubrir movimientos de dineros, por medio de entidades financieras supervisadas en el país, además de algunos que se hacen con el uso de sociedades “offshore”. Las sociedades “offshore” son las que se inscriben en el exterior, sin tener actividad económica en el país donde se registran”, explicó el funcionario.
Con el decreto, las autoridades mejorarán los mecanismos de control para garantizar que actividades sospechosas sean más eficientemente detectadas, además de combatir la legitimación de capitales, financiamiento al terrorismo y el fraude fiscal.
“La iniciativa cumple con compromisos adquiridos por Costa Rica como parte del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT) y su objetivo es optimizar la efectividad en el monitoreo, seguimiento y control de los clientes de los sujetos regulados por las distintas Superintendencias, a partir de los perfiles de riesgo de los productos financieros que estos ofrecen”, dijo por su lado el Director del Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD), Guillermo Araya.
