San José, 5 sep (elmundo.cr) – Durante su visita a Washington, el presidente de la República, Rodrigo Chaves, participó en un foro sobre ciberseguridad.
Durante ese foro, Chaves aseguró que luego de los ataques cibernéticos sufridos por Costa Rica “aprendimos la lección”, y contó que el viernes firmó un decreto que prohíbe que las empresas de telecomunicaciones contraten tecnología china para desarrollar el 5G, informó Infobae.
“Queríamos asegurarnos de crear un entorno cibernético de alto nivel y de última generación. Pero luego está este problema (de la ciberseguridad) y luego de muchas décadas tomamos la decisión y estamos subastando algunas de las frecuencias para que el sector privado también proporcione 5G”, dijo Chaves.
El Grupo ICE había anunciado que Huawei sería uno de sus proveedores para ofrecer redes de 5G privadas, sin embargo, el Gobierno limitará esa posibilidad.
El mandatario indicó que “mi ministra de Ciencia y Tecnología y yo el viernes firmamos un decreto gubernamental que básicamente exija que los países de los vendedores y proveedores potenciales deban haber adoptado los principios del acuerdo de Bucarest. Ustedes saben lo que eso significa. No necesito entrar en detalles”
En abril de 2021, Rumania aprobó una ley que prohíbe explícitamente que China y Huawei participen en el desarrollo de su red 5G.
Chaves recalcó que “eso significa que Costa Rica, nuestra empresa estatal de servicios públicos o telecomunicaciones y, eventualmente, todos los proveedores, públicos y privados de 5G se limitarán a comprar tecnología de equipos únicamente de proveedores confiables”
“Las diferencias de precio son enormes. Pero si estuvieras dispuesto a tomar ese camino potencialmente podrían existir otros beneficios no transparentes”, sostuvo.
El presidente Chaves indicó que Costa Rica está “analizando empresas estadounidenses y europeas” porque entiende que “su seguridad en este sentido, su conectividad con la sede central y sus clientes será rápida, confiable y asequible. Y sobre todo, seguro”.
“Saben lo que eso conlleva, el tipo de presiones que recibimos y recibiremos. Otra coincidencia, el día que lo firmamos hubo un ciberataque en nuestro Hospital Infantil. Pero no hay vuelta atrás”, manifestó el mandatario.
EL MUNDO le consultó a la ministra de Ciencia y Tecnología, Paula Bogantes, ¿si el veto a la empresa Huawei implica que no podrá participar de licitaciones en Costa Rica en 5G? A lo que respondió que “el Decreto Ejecutivo no realiza el veto a ninguna empresa local o internacional. El Reglamento establece, desde una perspectiva de riesgo, condiciones a los operadores y proveedores de servicios de telecomunicaciones que operan redes y prestan servicios bajo tecnologías móviles de quinta generación móvil (5G) o superiores en Costa Rica; quienes tienen la obligación de garantizar el derecho a la intimidad, la privacidad y el secreto de las comunicaciones de los usuarios finales; así como de proteger la confidencialidad de la información que obtengan de sus clientes o de otros operadores”.
“Esto conlleva para los operadores o proveedores la obligación de implementar medidas técnicas y administrativas adecuadas de seguridad para prevenir el acceso no autorizado a la información de los usuarios finales, y evitar la filtración de datos sensibles e información protegida desde el ámbito de la intimidad, la privacidad de estos y el resguardo de su derecho fundamental a la autodeterminación informativa”, agregó.
La ministra insistió en que el Decreto Ejecutivo N° 44196-MSP-MICITT denominado: “Reglamento sobre medidas de ciberseguridad aplicables a los servicios de telecomunicaciones basados en la tecnología de quinta generación móvil (5G) y superiores” se publicó el 31 de agosto, en el Alcance N° 166 del Diario Oficial La Gaceta N° 166.
De igual forma se le consultó a la ministra si el Gobierno ve una relación entre los ciberataques, la empresa Huawei y el gobierno de China, a lo que indicó que “las amenazas de ciberseguridad son permanentes y pueden originarse en múltiples fuentes, es por esta razón que se requiere del establecimiento de medidas objetivas basadas en la ciencia y la técnica de la ciberseguridad aplicada a las telecomunicaciones que permitan gestionarlas, de manera que se administre el riesgo de forma efectiva y prevenir de esta forma su materialización”.
“Debe considerarse que Costa Rica no es un caso aislado, y las medidas técnicas implementadas tienen como sustento el Ordenamiento nacional y las mejores prácticas internacionales, verbigracia, la “Recomendación sobre la ciberseguridad de las redes 5G” emitida por la Unión Europea en el 2019; el documento denominado “Ciberseguridad de Redes 5G – EU Caja de Herramientas para mitigación de riesgos” emitido por la Unión Europea en el año 2020; el Marco Político de la OCDE sobre Seguridad Digital – Ciberseguridad para la Prosperidad, emitido por la OECD en el 2022; entre otros insumos detallados en la parte considerativa del Decreto Ejecutivo”, sostuvo.
Según la ministra esta decisión no va a afectar las relaciones comerciales con China, pues éstas están sustentadas “por décadas de intercambios comerciales resilientes e inversión estable, y está por un sólido Tratado de Libre Comercio que afianzó esta relación desde 2010 y hacia el futuro”.
“Este reglamento es parte de una obligación legal de la Administración que procura garantizar el régimen jurídico de derechos e intereses de los usuarios finales, y de forma particular el derecho a la intimidad, la privacidad y el secreto de las comunicaciones, y la protección de los datos de carácter personal de éstos”, aseguró.
Bogantes enfatizó que “hay un compromiso legalmente dispuesto para múltiples partes. En primer lugar se tiene a los operadores de redes públicas y proveedores de servicios de telecomunicaciones disponibles al público quienes tienen la obligación legal de implementar los sistemas y las medidas técnicas y administrativas necesarias que conlleven la protección de los citados derechos fundamentales”.
“En segundo lugar, el Poder Ejecutivo debe ejercer sus potestades reglamentarias para establecer regulaciones que se adapten a la realidad de los tiempos en materia de ciberseguridad en redes y servicios de telecomunicaciones. Es por ello que están sujetos a su ámbito de aplicación los operadores y proveedores de servicios de telecomunicaciones disponibles al público que operen redes y presten servicios con la tecnología móvil de quinta generación (5G) o superior, y cuenten con habilitación en nuestro país para tales efectos. Por último, hay que precisar que la Superintendencia de Telecomunicaciones tiene las competencias para verificar y fiscalizar el cumplimiento de tales medidas de protección de conformidad con el ordenamiento nacional”, concluyó.
