San José, 31 ene (elmundo.cr) –Gloria Navas, abogada defensora del diputado de Nueva República, Jonathan Prendas; se refirió a la acusación de la Procuraduría General de la República por presunto enriquecimiento ilícito.
La Procuraduría de la Ética Pública (PEP) indicó que «los hechos que se querellan -con probabilidad suficiente- constituyen delitos de enriquecimiento ilícito, porque el diputado Prendas Rodríguez admitió una dádiva ofrecida en consideración a su cargo como diputado por un sujeto privado, consistente en un viaje a España con boletos aéreos, traslados, entre otros; sufragados de manera privada y por haber percibido el pago de dietas correspondientes a sesiones de la Asamblea Legislativa durante los días en que estuvo en dicho viaje».
Ante esto Navas indicó que le parece “una afrenta evidente al principio democrático al ejercicio de la política en Costa Rica”.
“Me parece que de alguna manera, porque no podemos ser tan inocentes, que tiene que haber algún acuerdo de la Fiscalía, alguien los presionó y de la misma Procuraduría General de la República”, agregó.
Además, afirmó que le parece extraño que este caso, que es del 2019, “tiene más de tres años de estar en investigación, tiene más de tres años de tener tiempo la fiscalía para buscar pruebas; un caso relativamente sencillo porque don Jonathan desde el principio cuando salió esto a la luz pública sobre ese viaje dio una explicación detallada de cuál era el motivo de su viaje”.
A lo que agregó que la opinión pública debe conocer “que gran cantidad de diputados hacen ese tipo de viajes, gran cantidad de diputados son invitados y aceptan esas invitaciones, es parte de su posición”.
Navas recalcó que esto “es un ataque a la libertad de decisión, porque la opinión pública es confundida con esta circunstancias”.
La abogada concluyó diciendo que esto le puede pasar a cualquier partido político y reiteró que ahí hay una situación totalmente irregular, “yo me podría pensar en que hay una intención del nombramiento con respecto al Fiscal General de la República o el interés propio desde la Presidencia de la República con la Procuraduría General de la República”.
“La Procuraduría General de la República depende del Poder Ejecutivo, el Poder Ejecutivo tiene comunicación con la Procuraduría en cada momento, de manera que no podemos ser tan inocentes esto está fríamente calculado y hay que rechazarlo”, concluyó.
