San José, 17 oct (elmundo.cr) – Tras servir 34 años en el Poder Judicial y a sus 60 años de vida, Gilbert Armijo Sancho, magistrado Presidente de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia anunció su decisión de jubilarse, a partir del 1 de noviembre del 2015.
Armijo llegó al Poder Judicial en el año 1981 y desde entonces ocupó múltiples puestos. Al máximo órgano de la Corte Suprema llegó en el año 1996 como magistrado suplente y obtuvo el puesto propietario el 17 de abril del 2002, día en que una mayoría de diputados de la Administración de Abel Pacheco le dieron el voto a favor, resaltando su capacidad jurídica en materia penal, penal juvenil, procesal penal, garantías constitucionales y ambientales.
Esa fue su línea durante los 13 años que estuvo en la Sala Constitucional, pero también resaltó por ser quien cambió de posición con respecto a la negativa a reconocer derechos a las parejas homosexuales, pese a ser un católico conservador; y quien dio luz verde a Mélvin Jiménez para que permaneciera en su cargo de ministro de la Presidencia.
La última acción polémica que analizó antes de anunciar su jubilación, fue la acción de inconstitucionalidad contra el Decreto Ejecutivo que regula la Fertilización in Vitro (FIV), mismo que fue suspendido temporalmente por una mayoría de magistrados.
A Armijo se le recuerda como la “piedra en el zapato” del Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, Centroamérica y la República Dominicana (CAFTA), así como el proyecto minero en Crucitas en la Zona Norte del país.
El magistrado fue una pieza clave para los opositores al TLC con Estados Unidos en la época de la mayor polarización que ha experimentado Costa Rica en su historia moderna. Mientras que cinco de sus compañeros que analizaron recursos en contra del CAFTA, no vieron ni un solo vicio de Constitucionalidad, Gilbert Armijo y Fernando Cruz encontraron 10, entre ellos en la Ley de Telecomunicaciones que dio paso a la apertura y llegada de empresas extranjeras en esta área, así como en lo relativo a la Ley de Propiedad Intelectual.
El “magistrado verde” como se le denominó durante las tensas luchas contra la minería en Crucitas, fue el único, junto a Fernando Castillo, quien detectó violaciones contrarias a la Constitución y la legislación nacional tanto en el Decreto Ejecutivo del entonces Presidente Óscar Arias y su ministro de Ambiente, Roberto Dobles (quienes declararon el proyecto de interés público y conveniencia nacional), como en el trámite del estudio de impacto ambiental y otros permisos, anulados por el Tribunal Contencioso Administrativo.
En ambos casos, Armijo reconoció a varios medios de comunicación que temió ser destituido, sin embargo por la situación del momento y por el apoyo de sectores de presión que estaba recibiendo el magistrado, los legisladores ni se atrevieron a conocer ese asunto.
El magistrado votó en en contra, la primer acción que cuestionaba la prohibición del matrimonio de personas del mismo sexo, y también rechazó la que impugnaba los efectos civiles del matrimonio católico. Alegó que la impugnación no era viable, pues así estaba plasmado en la Constitución Política, sin embargo más tarde, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) emitió un fallo en el caso Atala Riffo vs. Chile, que llevó a Armijo a cambiar su posición.
En dicho caso, la Corte IDH declaró que los derechos de las parejas del mismo sexo estaban regulados en la normativa internacional, normativa que Costa Rica ha suscrito. Desde ese entonces, el magistrado apoyó todas las acciones que impugnaban la violación al reconocimiento de los derechos del colectivo LGBT, porque para él, el precedente ya estaba sentado.
Misma tesis tiene Armijo en el caso de la Fertilización in Vitro. Si bien él no participó en la votación que se traería abajo la técnica por supuestamente ser violatoria del derecho a la vida, y que más tarde sería consecuencia de una denuncia ante la Corte IDH y posterior sentencia, afirma que al haberse pronunciado la Corte IDH, la Constitucional ya nada tiene que hacer en dicha materia.
La última acción polémica que ha llegado a su escritorio fue esa misma. Cuando le correspondió analizar la acción de inconstitucionalidad presentada por diputados del bloque conservador de la Asamblea Legislativa, él, junto a los magistrados Jinesta Lobo y Hernández López salvaron el voto y rechazaron de plano la acción, alegando que el caso era tema de la Corte IDH, que ya exigió explicaciones al Estado costarricense por la suspensión del decreto que regulaba la FIV.
Otro caso polémico que analizó el magistrado durante este gobierno, fue la legalidad o no del nombramiento de Mélvin Jiménez, en el Ministerio de la Presidencia. Nuevamente basados en derecho internacional, él y los magistrados Ernesto Jinesta, Fernando Cruz y Fernando Castillo, alegaron que prohibir a Jiménez el ejercer su cargo era violatorio de los derechos humanos. “Este tipo de derechos, resguardados en el Derecho internacional prevalece sobre disposiciones constitucionales”, dijeron en ese entonces.
El magistrado Armijo obtuvo el grado de licenciatura en derecho por la Universidad de Costa Rica. Posteriormente se incorporó a la Universidad Carlos III de Madrid, España donde se graduó como doctor en derecho.
Ha sido galardonado con los premios “Alberto Brenes Córdoba”, en 1996, y el premio “Ulises Odio Santos”, en 1998, ambos galardones reconocen publicaciones jurídicas que han dado un aporte trascendental al estudio de las ciencias jurídicas.
A los diputados de la Asamblea Legislativa les corresponderá nombrar su sucesor.
