San José, 17 nov (elmundo.cr) – La Gerencia General de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) indicó a la Junta Directiva que se procederá con el pago del reajuste salarial retroactivo a las personas trabajadoras de la institución porque no existe un fundamento jurídico para no hacerlo.
Según consta en el oficio GG-3292-2022, con fecha 15 de noviembre, la Gerencia General indica que no existe ninguna disposición contraria al acuerdo de junta directiva que aprobó el reajuste, por lo que el acto es válido, informó el Semanario Universidad.
“No existe un fundamento jurídico para no ejecutar lo dispuesto en el artículo 3° de la sesión No. 9277 y el plazo operativo para poder ejecutar el incremento retroactivo por costo de vida de tratamiento tiene como fecha límite operativo para su ejecución el 21 de noviembre del 2022”, indicó el oficio, firmado por el Gerente General de la Caja, Roberto Cervantes Barrantes.
Además se agrega que “esta Gerencia a la fecha no conoce una disposición contraria a lo acordado en el artículo 3° de la sesión No. 9277 del 08/9/2022, ni reproche alguno de nulidad, por ello, el acto administrativo contenido en ese acuerdo se presume válido, eficaz y ejecutable, a pesar de que se realizó una consulta a la Contraloría General de la República, sobre la procedencia del pago, esta no alcanza para suspenderlo, razón por la que las diligencias que permitan ejecutar lo señalado por el órgano colegiado a la fecha operativa limite 21/11/2022, continuarán, mientras no se dé una orden en contrario de Junta Directiva”.
También se explica en el oficio que la Dirección de Administración y Gestión de Personal de la Caja “tiene un límite de naturaleza operativa para ejecutar el acuerdo en los términos vigentes a más tardar el 21 de noviembre de 2022 para hacerlo efectivo en el presente año”.
La Junta Directiva de la Caja acordó el pasado 8 de setiembre en una sesión extraordinaria aprobar el reajuste salarial correspondiente al año 2020 para los trabajadores de la institución. Esta decisión ha generado una pugna entre el presidente de la República, Rodrigo Chaves y la institución, los gremios y las personas trabajadoras, la cual se mantiene y que incluso generó la destitución del presidente ejecutivo de la institución, Álvaro Ramos.
De igual forma la Contraloría General de la República (CGR) indicó a la presidenta de la Caja, Marta Esquivel, que “no corresponde a este órgano pronunciarse vía consultiva” sobre el reajuste salarial en la institución.
Juan Carlos Durán, representante del Sindicato de Funcionarios Públicos de Costa Rica (SIFUP) declaró que la Contraloría ratificó la autonomía institucional de la Caja y ahora el plazo operativo para que se pueda ejecutar el acuerdo de junta del 8 de setiembre vence el 21 de noviembre.
“Nos parece que la Gerencia General de la Caja debería ratificar la orden de pago, puesto que el acuerdo de junta es un acto jurídicamente sustentado y ratificado por la Contraloría, Mideplan y la Procuraduría”, dijo Durán.
