San José, 14 jul (elmundo.cr) – El economista Gerardo Corrales obtuvo este lunes una sentencia favorable en el juicio por difamación que interpuso contra el empresario Andrés Pozuelo, luego de que este último lo descalificara públicamente mediante comentarios ofensivos en redes sociales.
La controversia se originó en julio de 2024, cuando Corrales fue consultado por el diario La República sobre el tipo de cambio de equilibrio que pudiera beneficiar tanto a exportadores como a importadores.
En su respuesta, el economista explicó que dicho cálculo es altamente complejo y teórico, pero agregó que en la práctica, el tipo de cambio históricamente se había mantenido sin mayores controversias entre los ₡600 y ₡620 por dólar, mientras que niveles cercanos a ₡700 generaban reclamos de importadores y el actual entorno cercano a ₡500 afecta negativamente a exportadores, al turismo y al sector productivo.
Al día siguiente, Pozuelo publicó en su perfil de Facebook el siguiente mensaje: “No hay nada más odioso que un seudo experto que crea saber cuál es el punto equilibrio del precio de algo. Corrales es un bateador y un farsante completo”.
Ante estas declaraciones, Corrales decidió presentar una querella privada por difamación, amparado en el artículo 146 del Código Penal costarricense, que sanciona con multa a quien deshonre o propale afirmaciones capaces de dañar la reputación de otra persona. El proceso fue liderado por el abogado penalista Federico Campos.
Este 14 de julio, el tribunal competente resolvió a favor de Corrales, condenando a Pozuelo al pago de una multa, así como a asumir los costos del proceso y una indemnización civil a favor de una fundación sin fines de lucro. Además, se le ordenó eliminar los comentarios difamatorios de su cuenta de Facebook y publicar una disculpa expresa en el diario La Nación.
“Para mí, hoy es un día histórico”, expresó Corrales tras conocer el fallo. “En Costa Rica se ha vuelto un deporte nacional atacar y descalificar a las personas en lugar de debatir ideas. Este fallo deja claro que la libertad de expresión es un derecho constitucional, pero también conlleva responsabilidades. Me complace que nuestro ordenamiento jurídico reconozca y proteja el honor como un valor fundamental y que se siente jurisprudencia ante el abuso de las redes sociales como herramientas de difamación.”
El caso ha reavivado el debate nacional sobre los límites de la libertad de expresión en plataformas digitales y la responsabilidad legal derivada del uso de estas herramientas para emitir juicios personales que atenten contra la dignidad de terceros.
