San José, 24 oct (elmundo.cr) – La Asociación Costarricense de Geotecnia (ACG) defiende el papel de los profesionales en ese ramo luego de que la semana pasada el jerarca del Ministerio de Obras Públicas y Transportes, Luis Amador y el presidente de la República, Rodrigo Chaves, cuestionaran a los profesionales de ese gremio y de la Ingeniería Civil involucrados en la construcción de carreteras.
La ACG considera que no es adecuado juzgar a aquellos involucrados en las etapas de diseño y construcción de obras de infraestructura vial sin conocer el pasado de estas dentro de una contextualización geopolítica del momento, del estado del arte y de los recursos económicos disponibles.
Existen distintos factores a los que obedecen el por qué de los trazados y soluciones planteadas para sortear los retos que hoy son condicionantes para un desempeño satisfactorio de los corredores viales, indicaron.
De acuerdo con Adrián Fernández, presidente de la ACG, “si bien es probable que no todas las decisiones tomadas fueran las mejores, la integridad de nuestros maestros ingenieros no merece ser cuestionada de una manera irrespetuosa”.
Considerando que una porción importante de las carreteras nacionales proviene de las décadas de los 60 a los 80 e incluso desde los 40, la ACG cita algunos factores que incidieron en el diseño y construcción de las obras:
- En zonas montañosas como lo es el Parque Nacional Braulio Carrillo, el acceso para realizar investigaciones era muy limitado debido a la densidad de la vegetación, topografía y condiciones climatológicas, además de la inexistencia de vías de acceso y de estudios geológico geotécnicos previos, entre otros.
- Las herramientas tecnológicas a la mano de la Ingeniería en Costa Rica en aquellos años no permitían obtener el mismo detalle que se tendría en la actualidad bajo las mismas condiciones.
- El uso o no de puentes en lugar de alcantarillas, por ejemplo, se debía en ciertas obras a asuntos estratégicos desde un punto de vista de vulnerabilidad, ante posibles ataques terroristas a vías de comunicación que eran de interés de la región centroamericana, dentro de los contextos geopolíticos de la época (por ejemplo, la Interamericana Sur).
- La normativa de diseño establecía parámetros distintos, posiblemente más permisivos que los actuales a razón del nivel de detalle que se lograba obtener de las investigaciones.
- La urgencia y presión sociopolítica en diferentes momentos, para habilitar y mejorar el desarrollo de regiones incomunicadas, con seguridad promovieron a la toma de decisiones apresuradas pero necesarias e impostergables.
- Las expropiaciones han sido y continúan siendo una limitante para realizar mejores diseños de los taludes en las vías.
- En un país tropical con una alta precipitación, donde rocas volcánicas cubren el 50% del territorio, con condiciones geomecánicas de amplia variabilidad espacial y temporal, aunado a unas intensas zonas de alteración hidrotermal y tectonismo, muchas veces cubiertas por depósitos de mejor condiciones geomecánicas, dificultan las labores de investigación y diseño.
Si se considera que la mayoría de los deslizamientos que afectan a las carreteras se deben principalmente al efecto del descontrolado flujo de agua superficial y/o subterráneo, puede decirse que, al implementar obras para el adecuado manejo de aguas, podría mitigarse en buena medida el riesgo de la mayoría de estos siniestros.
“Aunque la lluvia es una variable incontrolable, el efecto de la misma sobre los taludes y cuencas hidrográficas puede ser controlado mediante la construcción de obras de drenaje en la parte alta de los mismos tales como: contracunetas revestidas, rectificación y canalización de aguas en la corona, construcción de canales de desvío de aguas, subdrenajes, drenes horizontales perforados, escaleras de descenso de aguas, muros de gaviones para control de avalanchas, disipadores de energía, barreras o redes metálicas para contención de detritos”, indicó el Ing. Sergio Sáenz, expresidente de la ACG.
La carencia de estos importantes elementos no es precisamente la omisión en los diseños originales de los proyectos. Muchas veces se debe a decisiones políticas y administrativas alejadas de criterios técnicos, tomadas por alguna de las partes involucradas que es quien tiene el poder de omitir o adicionar según su criterio no experto en el tema.
Lamentablemente en el país no existe la cultura de seguimiento en la etapa de operación, ni mantenimiento adecuado de obras. Fase que no es solamente el recarpeteo de la superficie de ruedo y corta de vegetación para mejorar la visibilidad de los usuarios. La etapa de operación y mantenimiento va mucho más allá y debería incluir al menos lo siguiente:
- Inspección frecuente de infraestructura para lograr implementar obras para la mitigación de riesgos.
- Sistemas de monitoreo de factores disparadores con instrumentos como estaciones pluviométricas, inclinómetros, acelerógrafos, entre otros; lo cual permitiría encender alertas para activar protocolos preventivos.
Incluso, según sea el caso, debe considerarse la construcción de nuevas obras que permitan adaptarlas a las nuevas condiciones de origen antropogénico o natural. O bien, en el mejor de los casos, ajustes a las ya existentes.
Para lograr el objetivo de mejorar las condiciones actuales de la infraestructura vial de Costa Rica es urgente integrar un grupo de trabajo interdisciplinario. Además de las diferentes especialidades de la Ingeniería como la Geotécnica, Estructural, Hidráulica e Hidrología, se deben incorporar profesionales en Derecho, Geología y Economía, entre otras disciplinas.
El marco legal en el que se debe desarrollar el proyecto de mejoramiento y actualización de las carreteras debe ser tal que permita a los especialistas actuar de manera ágil y pronta, donde la protección de vidas humanas sea prioritaria y se permitan tomar las medidas razonables y oportunas sobre las condiciones de seguridad y estabilidad de los corredores viales, que a la vez son ejes de desarrollo económico que tan golpeado se ha visto en los últimos años.
Al ser estos bienes administrados por el Estado, la Ley General de la Administración Pública establece en su artículo 4, que la actividad de los entes públicos deberá estar sujeta en su conjunto a los principios fundamentales del servicio público, para asegurar su continuidad, su eficiencia y su adaptación a todo cambio en el régimen legal o en la necesidad social que satisfacen. Por lo tanto, está obligado a buscar los mecanismos para lograrlo.
