San José, 16 may (elmundo.cr) – La Fundación Latinoamericana para la Promoción y Protección de los Derechos de la Población LGBTI – Fundación Igualitxs manifestó que la implementación del matrimonio civil igualitario en Costa Rica no puede esperar más.
Es por esto que la fundación apremia a la Sala Constitucional a que abra la puerta del matrimonio civil para que todas las personas puedan acceder a ella sin discriminación y dotando a todas las parejas de la protección legal y cultural que el matrimonio conlleva, por medio de la anulación del artículo 14, inciso 6, del Código de Familia que prohíbe el matrimonio civil entre personas del mismo sexo.
A raíz de la Opinión Consultiva OC-24/17 emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) y dada a conocer el pasado 9 de enero de 2018, varias instancias públicas del Estado costarricense, según sus competencias, se han pronunciado acerca de los alcances de lo planteado en dicha opinión en términos de derechos de parejas de personas del mismo sexo y de identidad de género.
Este 14 de mayo el Tribunal Supremo de Elecciones, ante la obligación que tenía de responder sobre el cambio de identidad de género y el reconocimiento de matrimonios civiles entre personas del mismo sexo celebrados en el extranjero, planteó que éste último tema debe ser dilucidado por la Sala Constitucional o la Asamblea Legislativa.
La directora ejecutiva de la Fundación Igualitxs, Margarita Salas indicó que “es derecho de la población costarricense el acceso a la justicia pronta y cumplida. Existe una serie de acciones de inconstitucionalidad y recursos de amparo cuyas respuestas están pendientes en la Sala Constitucional desde hace cinco años. Eso no es justicia pronta y cumplida. Es hora de que la Sala Constitucional, en apego al derecho internacional y siguiendo la jerarquía de normas, interprete la Opinión Consultiva OC-24/17 como se debe y derogue esas odiosas prohibiciones constitucionales”.
Al mismo tiempo, Salas recordó que en la línea jurisprudencial de la Corte ya existe un pronunciamiento de la Procuraduría General de la República el cual plantea que las opiniones consultivas de la Corte IDH son vinculantes y que la Sala Constitucional debe derogar las prohibiciones del Código de Familia.
“La Sala Constitucional debe hacer lo correcto, lo justo. Ya lo dijo la Procuraduría General de la República, ya lo dijo la Defensoría de los Habitantes, ya lo dijo el electorado al rechazar una postura discriminatoria en las recién pasadas elecciones. Es momento de hacer lo correcto, de hacer sentir a todas las personas que tienen el mismo valor”, agregó el presidente de la fundación Herman Duarte.
“En medio de estos argumentos técnicos es fácil olvidar que estamos hablando de las vidas de personas, de seres humanos que ven coartados sus derechos y libertades. Estamos hablando de familias, puesto que el acceso al matrimonio civil es un mecanismo de protección de las familias y es un derecho”, agregó Salas.
En ese mismo sentido, Duarte finalizó diciendo que la implementación debe darse pronto por motivos de justicia, por motivos “de respeto a la dignidad de las personas. Todas las personas son iguales y es emocionante saber que terminará el dolor que viene con el rechazo, la frustración que conlleva la invisibilidad y la tristeza que viene con la injusticia. Es increíble ver cómo se escribe la historia con la imborrable letra escrita con la tinta de la justicia que grita IGUALDAD”.
