San José, 18 jul (elmundo.cr) – A partir del 1 de octubre, la totalidad de las fuerzas policiales de Costa Rica estará bajo las órdenes directas del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), en cumplimiento de la Constitución Política y el Código Electoral del país. Esta transferencia temporal de mando busca garantizar la imparcialidad y la seguridad en el desarrollo de los comicios nacionales.
Disposición constitucional y práctica institucional
Según el artículo 102 inciso 6) de la Constitución Política, el TSE asume el control de las fuerzas policiales. El objetivo principal es asegurar que el proceso electoral se realice de forma libre, transparente y neutral, evitando cualquier tipo de injerencia política sobre los cuerpos policiales durante este periodo crucial.
¿Qué implica el cambio de mando?
Durante este lapso, las fuerzas policiales —incluyendo cuerpos estatales, municipales y autónomos— dejarán de responder al Poder Ejecutivo y autoridades municipales en asuntos electorales. Todas sus actuaciones estarán bajo instrucción exclusiva del TSE, que coordina:
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Seguridad en centros de votación
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Custodia de material electoral y actas
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Mantenimiento del orden público vinculado al proceso
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Prevención de incidentes y protección de la integridad del electorado
Se prohíbe a los funcionarios policiales cualquier participación en actividades políticas o proselitistas.
Fundamento legal y transparencia
Esta transferencia de mando, producto de una sólida tradición democrática costarricense, es un mecanismo institucional que busca blindar la equidad electoral. El traspaso se realiza mediante un acto solemne entre el presidente de la República y el titular del TSE y es supervisado por autoridades estatales, reforzando la legitimidad del procedimiento.
El Código Electoral y la Ley General de Policía ratifican esta medida, incluyendo sanciones administrativas en caso de desacato por parte del personal policial.
Garantía para el electorado
La premisa es clara: durante todo el proceso electoral, la seguridad y la libertad de los votantes están protegidas bajo una estructura imparcial que responde únicamente a la institucionalidad democrática, eliminando riesgos de instrumentalización política del cuerpo de policía.
Con esto, Costa Rica busca reafirmar su compromiso de mantener procesos electorales limpios, transparentes y confiables para toda la ciudadanía.
