San José. 2 feb. (elmundo.cr) – Aumentar el presupuesto de las universidades públicas en más de un 7% (en un solo año), aumentar, en dos años, el presupuesto de todas las entidades estatales en más de un 19%, hacer frente a compromisos de Gobierno pasados, como por ejemplo, el aumento de bonos de vivienda decretado por el expresidente Arias, le pasarán, pronto, la factura al país.
Ya que para cubrir estos gastos el país ha tenido que endeudarse.
Incluso, en el último presupuesto aprobado por los diputados, el cual rondó los 8 billones de colones, el 30% fue destinado pagar los intereses de créditos que Costa Rica tiene en el exterior; el resto, prácticamente, fue para pagar los salarios de los empleados públicos.
Ante este escenario, los economistas insisten en que si el Gobierno no toma pronto decisiones, estos fuertes gastos le pasarán la factura al país, y principalmente, al bolsillo de los costarricenses.
¿Cuáles serán los principales efectos? Las empresas podrían dejar de invertir y los impuestos aumentarán.
“En un ambiente de incertidumbre las empresas no se atreven a invertir, y si no se atreven invertir no producen más, y si no producen más, no se crean empleos, lo cual es el fin último”, aseveró el economista, Luis Mesalles.
Todo esto, fue analizado esta semana, por economistas y contadores, en el congreso, Perspectivas económicas 2016, en el Colegio de Contadores Públicos de Costa Rica.
“Es un año muy complicado y tenemos que colaborar, porque vendrá una situación fiscal con mucho gasto no cubierto, lo cual significará un gran esfuerzo para poder compensar los gastos”, afirmó el economista, Sergio Blanco.
Ligado a ello, critican el lento crecimiento que tiene el país en la creación de mano de obra calificada para las empresas que operan en el país, con relación a más jóvenes bilingües y con conocimientos en informática.
Por su parte, para enfretar esta situación el Ministerio de Hacienda presentó una serie de proyectos ante la Asamblea Legislativa, entre ellos: Renta Global e Impuesto al Valor Agregado (IVA), este último busca aumentar los impuesto de todos los bienes y servicios de un 13% a un 15% en el plazo de dos años.
