San José, 9 jul (elmundo.cr) – Los diputados del Frente Amplio votaron en contra de la declaratoria de ciudadano distinguido para el padre Sergio Valverde, director de la Asociación Obras del Espíritu Santo.
La diputada Sofía Guillén señaló que “es una persona que aún está viva, su obra no ha terminado, y en el caso de la Asociación Obras del Espíritu Santo aún se encuentra bajo fiscalización”.
“En concreto nos preocupan tres cosas sobre esta votación de ciudadanía distinguida de hoy, número uno cuando hablamos de personas que administran fondos públicos y que trabajan con menores de edad, lo más sensato sería esperar a que acabe su obra antes de dar un reconocimiento”, agregó.
La frenteamplista insistió en “el riesgo de que en algún punto de su carrera incurran en irregularidades o faltas éticas, recuerden el caso del padre Minor, quien finalmente se vio envuelto en severos cuestionamientos, durante años muchos les aplaudieron y luego ya ven ustedes cómo terminó”.
“La obra de una persona debe ser juzgada al terminar toda la historia de su vida, no antes, en concreto la Asociación Obras del Espíritu Santo, que está a cargo del padre Sergio Valverde Espinoza, si bien persigue un fin digno de admirar se ha visto envuelta en varias ocasiones en severos cuestionamientos que no podemos omitir”, recalcó.
Guillén enlistó “el estado de morosidad con la Caja Costarricense del Seguro Social según el oficio de la Contraloría General de la República, la Asociación Obras del Espíritu Santo a 2019 estaba morosa con la Caja, era un patrón que incumplía sus obligaciones, segundo del incumplimiento de responsabilidad de ley esta asociación ha recibido beneficios fiscales y recursos incumpliendo obligaciones de ley de acuerdo con el dictamen de minoría del 21.423 expediente legislativo, es recurrente que la Asociación Obras del Espíritu Santo saque beneficios para la obtención de recursos públicos o exoneraciones fiscales con deudas en la Caja y con deudas ante la Municipalidad de San José, tercer cosa que nos preocupa el informe del PANI del 2019, habla de irregularidades que ponen en riesgo 158 millones de fondos públicos recibidos”.
