San José, 26 feb (elmundo.cr) – La fracción del Frente Amplio ha propuesto una reforma a la Ley General de Migración y Extranjería con el objetivo de cerrar los portillos legales que permiten la práctica del “Visa Run”, una estrategia utilizada por personas extranjeras para extender indefinidamente su estadía en el país sin necesidad de regularizar su estatus migratorio.
El “Visa Run” es un procedimiento mediante el cual los extranjeros con estatus de turistas, al acercarse el vencimiento de su plazo máximo de permanencia legal, salen temporalmente del país hacia una nación vecina y reingresan para renovar su permiso de estancia. Esto les permite permanecer de manera indefinida en Costa Rica sin tramitar una residencia formal ni cumplir con las obligaciones tributarias correspondientes.
Según la bancada frenteamplista, esta práctica ha generado impactos significativos en comunidades costeras y otras zonas con alta presencia de turistas “permanentes”, lo que ha elevado la presión sobre los recursos locales y ha contribuido al aumento en la demanda de alquileres temporales y propiedades, afectando a la población residente.
Ante esta problemática, el Frente Amplio propone dos medidas clave:
- Reforma a los artículos 33 y 91 de la Ley General de Migración y Extranjería para establecer un período mínimo de espera antes de que una persona extranjera pueda reingresar a Costa Rica bajo la misma condición migratoria de turista, una vez vencido su plazo máximo de permanencia legal.
- Aumento de la multa migratoria por cada mes de estancia irregular en el país, establecida en el artículo 33 inciso 3) de la Ley General de Migración y Extranjería. Además, se estipula que la totalidad de lo recaudado por esta sanción se destine a la Dirección General de Migración y Extranjería (DGME) para fortalecer sus funciones y servicios.
La iniciativa busca garantizar que quienes deseen permanecer en el país lo hagan bajo un marco regulado, cumpliendo con los requisitos legales y tributarios. Desde el Frente Amplio sostienen que estas medidas contribuirán a un mejor ordenamiento migratorio y a la equidad en el acceso a los recursos locales.
El debate sobre esta reforma ya está en marcha en la Asamblea Legislativa, donde se espera que distintos sectores expresen sus posiciones sobre el impacto y viabilidad de la propuesta.