San José, 03 ago (elmundo.cr) – La fracción del Frente Amplio presentó esta semana el proyecto de ley, expediente 23.855, para crear el Regimen de Responsabilidad de las Diputaciones por Violación al Deber de Probidad.
Cabe destacar que “desde el año 2010 la Sala Constitucional determinó que la Asamblea Legislativa debía proceder a crear el régimen de responsabilidad de los diputados y diputadas por violación al deber de probidad. En mayo de 2018 se aprobó una reforma constitucional para establecer la obligación de los diputados y diputadas de cumplir con el deber de probidad y que las diputaciones pueden perder su credencial de conformidad con los procedimientos que se establezcan mediante Ley”.
Ante esto desde el Frente Amplio, señalaron que “esta legislación que ordena la propia Constitución no ha sido emitida a esta fecha, y más bien la actual Asamblea Legislativa recientemente rechazó ampliar el plazo cuatrienal al proyecto 21.515, iniciativa de José María Villalta que buscaba establecer el procedimiento para sancionar a diputaciones”.
“Considerando la persistente situación de incumplimiento por parte de la Asamblea Legislativa, y la impunidad que genera, el diputado Jonathan Acuña Soto, junto con toda la Fracción del Frente Amplio, han presentado de nuevo el proyecto de ley necesario para que definan las acciones corruptas, contrarias a la transparencia y la ética que deben sancionarse, así como el procedimiento a seguir para que un diputado o diputada sea sancionado por faltas al deber de probidad”, desatacaron.
La entidad encargada de investigar a cualquier diputación bajo sospecha sería la Procuraduría de la Ética Pública y emitirá una recomendación a la Asamblea Legislativa, encargada final de tomar una decisión sobre la denuncia.
Si el Congreso establece que sí hubo una violación al deber de probidad, siendo la falta clasificada como muy grave, el Tribunal Supremo de Elecciones retirará las credenciales de las diputaciones sancionadas de conformidad con lo establecido en la ley.
El proyecto establece que tanto la Contraloría como la Procuraduría estarán obligados a denunciar, al ser el primero el responsable de velar por la hacienda pública y el segundo el encargado por velar por el comportamiento de funcionarias y funcionarios del sector público.
Con este nuevo texto la fracción del Frente Amplio reitera la urgencia de que la Asamblea Legislativa se ponga al día con el mandato de la Sala Constitucional, que ya lleva 13 años en mora.
