San José, 14 dic (elmundo.cr) – Pese a que desde hace décadas muchas familias y sus descendientes viven de manera tranquila, pacífica e ininterrumpida en los terrenos del distrito de Sabanilla de Acosta, lo cierto es que esas tierras no son suyas de manera formal, sino de la Municipalidad de Aserrí.
Es por lo anterior que un proyecto de ley presentado hoy por el Frente Amplio propone una segregación de los mismos, para que las personas que habitan las comunidades de Caspirola, La Legua y San Jerónimo al fin sean propietarios legales de los terrenos donde viven.
Desde el año 1922 el gobierno local tiene potestad legal para segregar el terreno pero, explica la justificación del proyecto:
“…la adjudicación y titularización de los terrenos nunca se dio, y los descendientes de esas familias continúan viviendo en el lugar sin tener la propiedad registral de sus respectivas propiedades, ni poder acceder a bonos de vivienda, a pesar de haber habitado en el territorio durante décadas”.
En la actualidad, existe desarrollo urbano convertido en pueblos y todos cuentan con servicios públicos de agua, electricidad, telefonía y salud.
La transferencia de las tierras a sus habitantes encontró freno en el pasado por razones técnicas, pese a la anuencia de la Municipalidad de Aserrí (propietaria) y la de Acosta (donde se encuentran los terrenos).
Para subsanar los señalamientos la iniciativa frenteamplista tomó en cuenta las observaciones técnicas y las recomendaciones jurídicas del Departamento de Servicios Técnicos de la Asamblea Legislativa y de la Procuraduría General de la República.
Además, en el proyecto se establece una garantía para evitar que las tierras se acumulen en pocas manos:
“…mantiene la prohibición de vender o traspasar las propiedades más allá de los familiares hasta tercer grado de afinidad o consanguinidad, en un plazo de siete años a partir de la fecha de la donación”.
La Reforma a la Ley 9427, del 27 de Febrero de 2017, Autorización a la Municipalidad de Aserrí para que Segregue y Done un Inmueble de su Propiedad, ingresó a la corriente legislativa bajo el expediente 23.508.
