San José, 08 nov (elmundo.cr) – La diputada del Partido Frente Amplio, Rocío Alfaro, presentó un proyecto para eliminar cargo de Presidencia Ejecutiva de la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS).
Según detallaron “en aras de acatar de mejor manera el mandato constitucional que hace de la Caja Costarricense del Seguro Social la institución con mayor autonomía del país, el Frente Amplio presentó una iniciativa de ley (expediente # 24.025) que eliminaría el cargo de la Presidencia Ejecutiva, al reformar el artículo 6 de su Ley Constitutiva”.
Alfaro explicó que “la figura de la Presidencia Ejecutiva representa un grave obstáculo en esta aspiración de independencia con que la misma fue concebida”, por lo que el objetivo es eliminarla y solo mantener la representación del Poder Ejecutivo en la Junta Directiva.
La legisladora frenteamplista señaló que esta decisión transformará la dinámica de ese cuerpo rector al garantizar mayor horizontalidad, en la que todas las partes representadas tengan la misma capacidad de agencia, eliminando el desbalance que actualmente privilegia al Ejecutivo por sobre las demás.
El objetivo primordial es que se tomen las decisiones más adecuadas para el sostenimiento del régimen, sin riesgo de intimidación, presiones de poderes del Estado, o grupos de interés.
Un ejemplo reciente de lo que se quiere evitar son escenarios como la destitución de Álvaro Ramos como Presidente Ejecutivo, el 17 de setiembre de 2022. En su lugar el mandatario nombró a una persona alineada, Marta Esquivel, quien impulsa desde el principio y hasta hoy medidas que están dañando gravemente al Seguro Social.
“Esta intromisión y subordinación en la toma de decisiones de la CCSS a lo que indique el Poder Ejecutivo constituyen una violación solapada al principio constitucional de autonomía en materia de gobierno y administración de los seguros sociales que goza la Caja Costarricense de Seguro Social, ya citado en el artículo 73 de la Constitución Política”, señala la justificación del proyecto.
La Junta Directiva mantendría a tres representantes del Ejecutivo, tres del sector patronal y tres de las personas trabajadoras, quienes tendrán la potestad de crear el cargo de coordinación, cuyas funciones se limitarían a coordinar las sesiones de ese órgano y representar a la institución en aquellos actos en que así se acuerde.
