San José, 20 sep (elmundo.cr) – El Frente Amplio presentó este martes 19 de setiembre una iniciativa de ley que propone incluir a los Juzgados de Trabajo dentro de las instituciones que tendrían acceso a las bases de accionistas y de personerías jurídicas administrada por el Banco Central de Costa Rica (BCCR).
La propuesta, elaborada en el despacho de la diputada Rocío Alfaro, hace una reforma a la Ley 9.416 de Lucha contra el Fraude Fiscal para que los juzgados: “también puedan tener acceso a esa base de datos, cuando exista una necesidad de determinar quién o quiénes son las personas físicas obligadas al cumplimiento de obligaciones patronales”.
Hoy, la ley establece que esa base de datos puede ser solicitada en casos puntuales por el Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD) y por el Ministerio de Hacienda. El proyecto plantea la inclusión de los Juzgados de Trabajo.
“Lo que buscamos con esta inclusión de los juzgados de trabajo en la ley es evitar los fraudes y abusos que a menudo se cometen mediante el uso abusivo de la personalidad jurídica de las sociedades, en perjuicio de las personas trabajadoras”, puntualizó la legisladora frenteamplista.
Alfaro recordó que las personerías jurídicas y el secreto en la conformación de la lista de accionistas se pueden prestar para evadir leyes antimonopolio o al fisco, pero también para violentar derechos patronales de maneras diversas, por ejemplo:
- Contratación de personal a través de sociedades carentes de patrimonio, ocultando quién es el verdadero empleador.
- Cuando el empleador real esconde sus bienes en sociedades desconocidas por la persona trabajadora.
- Fragmentar la actividad empresarial en varias sociedades para diluir la responsabilidad patronal.
- Trasladar personal de una sociedad a otra para interrumpir la antigüedad laboral.
- Desaparición de la sociedad para reaparecer la misma actividad en otra “nueva”, dejando al personal de la primera en indefensión.
Por esas razones, “el proyecto de ley frenteamplista para Garantizar Los Derechos Laborales (expediente 23.939) autorizaría al Banco Central a dar acceso a su base de datos a los Juzgados de Trabajo, como ya lo hace con Hacienda y el ICD”, resaltaron.
“La Ley contra el Fraude Fiscal ya establece que todas las instituciones autorizadas a acceder a esa base “deberán desarrollar reglamentariamente los protocolos de manejo y gestión de la información y los expedientes que garanticen su efectiva confidencialidad””, concluyeron.
