San José, 10 sep (elmundo.cr) – El Frente Amplio anunció la presentación de un nuevo proyecto de ley que busca sancionar y prohibir los esfuerzos para cambiar la orientación sexual y la identidad de género de las personas, prácticas que la agrupación califica como formas de tortura.
“Presentamos un nuevo proyecto de ley para sancionar y prohibir los ECOSIG, los esfuerzos para cambiar la orientación y la identidad de género de las personas”, afirmó el diputado Antonio Trejos del Frente Amplio.
Según explicó, estas prácticas son presentadas como terapias, pero cuestionó su finalidad y sus efectos sobre las personas.
“Estas son formas de tortura, mal llamadas terapias, que lo que buscan es engañar a la persona para creer que su sexualidad está mal y que tiene que ser reprimida y sancionada”, señaló.
El representante aseguró además que estas prácticas “no funcionan” y sostuvo que, según la evidencia científica, pueden generar consecuencias negativas para quienes son sometidos a ellas.
“Y no funcionan. La evidencia científica lo demuestra. Lo único que producen son depresión, aislamiento y incluso en algunos casos autolesiones y mayores riesgos de suicidio”, afirmó.
El Frente Amplio calificó estas prácticas como “un engaño para la población” y explicó que el nuevo proyecto toma como referencia tanto nueva evidencia científica como la experiencia de una iniciativa anterior.
“Por eso este nuevo proyecto de ley busca partir de la evidencia científica nueva y la experiencia con una ley anterior que fue archivada simplemente por el vencimiento del plazo cuatrinal”, explicó.
De acuerdo con la declaración, los informes técnicos y científicos elaborados sobre el proyecto anterior respaldaban la necesidad de establecer una regulación en esta materia.
“Pero los informes técnicos y científicos demostraron que era justa y necesaria para crear un marco jurídico nuevo desde un enfoque científico de salud”, indicó.
El diputado del Frente Amplio enfatizó que la propuesta no pretende limitar la libertad religiosa ni las conversaciones familiares.
“Que no prohíba de ninguna forma la vivencia de la religión de las personas, su identidad, las conversaciones familiares o la libre búsqueda de fe”, manifestó.
Finalmente, explicó que la iniciativa plantea establecer un mecanismo de responsabilidad para profesionales y centros de salud que participen en este tipo de prácticas.
“Lo que propone es un debido proceso contra los profesionales de salud y los centros de salud que se presten para estos engaños y prácticas de tortura”, concluyó.
