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Frente Amplio presenta consulta ante Sala IV por recortes al presupuesto de las universidades públicas

San José, 27 oct (elmundo.cr) – La diputada del Frente Amplio, María Eugenia Román, presentó una Consulta Facultativa de Constitucionalidad ante la Sala Constitucional en relación con el Presupuesto Ordinario de la República, debido a los recortes a los recursos destinados a la educación superior pública.

“Hemos presentado Consulta Facultativa de Constitucionalidad en relación con el Presupuesto Ordinario de la República, y en esta consulta la estamos fundamentando realmente por la inconstitucionalidad de los recortes a la educación superior”, señaló Román.

Uno de los principales argumentos de la consulta es la existencia de un acuerdo entre el Gobierno y las universidades públicas para pagar una deuda superior a los ₡62.000 millones, relacionada con recursos que no se giraron durante los años 2020 y 2021, en el contexto de la pandemia.

Según explicó la legisladora, durante ese periodo no fue posible entregar determinados recursos debido a la emergencia sanitaria, pero se asumió el compromiso de pagarlos posteriormente.

El acuerdo se suscribió mediante la Comisión de Enlace, integrada por cuatro ministerios del Poder Ejecutivo: Planificación, Ciencia, Innovación, Tecnología y Telecomunicaciones (MICITT), Educación Pública y Hacienda, junto con las cinco rectorías de las universidades estatales y las federaciones estudiantiles.

Al respecto, Román indicó que “se acordó que se le iba a pagar esos más de 62 mil millones de colones que se le adeuda a las universidades públicas en 8 tractos anuales, empezando en el 2026, aproximadamente un poco más de 8 mil millones en cada uno”.

Cuestiona aprobación de la moción 16

La diputada cuestionó que, durante la tramitación del Presupuesto Ordinario de la República, se aprobara una moción para recortar los recursos destinados a las universidades públicas.

“En la tramitación del presupuesto ordinario, en la fracción de gobierno incluyó una moción y fue aprobada, la moción 16, para recortarle esos recursos al FES, a las universidades públicas”, afirmó.

Según los argumentos expuestos en la consulta, la reducción presupuestaria podría afectar la continuidad de programas de inversión y el funcionamiento de algunas sedes universitarias.

En ese sentido, advirtió que “lo que generará que las universidades públicas no puedan cumplir con sus programas de inversión, así mismo no puedan seguir con sedes abiertas”.

Román también indicó que las rectorías de las universidades estatales habían advertido sobre la necesidad de contar con esos recursos para continuar operando.

Alega posible violación de la Constitución

La consulta sostiene que el recorte presenta vicios de constitucionalidad, debido a que los recursos del Fondo Especial para la Educación Superior (FEES) cuentan con protección constitucional.

“Eso es absolutamente inconstitucional, primero porque son platas del Fondo para la Educación Superior, que están protegidas en los artículos 84 y 85 de la Constitución”, manifestó la legisladora.

Además, cuestionó que esos recursos puedan destinarse a otros fines sin que se garantice su reintegro a las universidades públicas.

“No se pueden coger esos recursos para destinarlos a partidas o cosas distintas, sin que se reintegre por otro lado a las universidades públicas, eso no se puede hacer, es inconstitucional”, agregó.

Otro de los argumentos se relaciona con las consecuencias que el recorte tendría sobre la operación de las instituciones de educación superior estatal.

La diputada sostuvo que la reducción no puede justificarse porque, según indicó, existía un acuerdo previo entre el Poder Ejecutivo y las universidades para atender el pago de los recursos pendientes.

Cuestiona desconocimiento del acuerdo

Según lo expuesto en la consulta, el compromiso de pago había sido acordado desde octubre de 2025 entre los ministerios involucrados y las universidades públicas.

Román cuestionó que, pese a ese acuerdo, se aprobara una moción para reducir los recursos destinados al FEES.

Al referirse a esa decisión, afirmó que “el legislador presupuestario, integrado en este caso por la fracción de gobierno se tomó la atribución de pasarle por encima y de manera inconstitucional a ese acuerdo que ya existía para recortarle esos recursos a las universidades públicas”.

La consulta solicita a la Sala Constitucional analizar los posibles vicios señalados, relacionados con la protección del financiamiento de las universidades estatales, el destino de los recursos y las eventuales afectaciones a su funcionamiento.

“Por eso estamos consultando a la sala los vicios de constitucionalidad sobre esos aspectos, sobre lo que ya existe jurisprudencia de la propia sala constitucional”, concluyó Román.

Corresponderá a la Sala Constitucional examinar los argumentos presentados y determinar si el recorte cuestionado se ajusta a la Constitución Política.

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