San José, 28 feb (elmundo.cr) – El Frente Amplio denunció una posible violación al principio de división de poderes y pide investigar a letrado de Sala Constitucional, José Joaquín Alvarado, quien en días pasado admitió participar en la elaboración del intento de decreto para hacerle cambios a la norma técnica sobre el aborto terapéutico a petición de la exministra de Salud, Joselyn Chacón.
Mediante un oficio enviado a Orlando Aguirre, magistrado y presidente de la Corte Suprema de Justicia, la agrupación señaló que “el letrado y funcionario de la presidencia de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, José Joaquín Alvarado Acuña, confesó haber participado en la elaboración de un borrador de reforma al decreto sobre aborto terapéutico a petición de la entonces ministra de Salud Joselyn Chacón Madrigal y por intermediación de un abogado litigante, Raúl Escalante Soto, sin carácter formal de funcionario público”.
Para el Frente Amplio “este caso evidencia una grave violación al principio de separación de poderes, por cuanto una jerarca del Poder Ejecutivo solicitó a un tercero y un letrado constitucional, alto funcionario asesor de un magistrado, una propuesta de instrumento reglamentario administrativo para derogar la norma técnica del aborto terapéutico para en su lugar emitir un reglamento que agravaría los requisitos para las mujeres que necesitan interrumpir el embarazo para resguardar la vida en virtud del artículo 121 del Código Penal y excluiría la protección de la salud de la mujer en estos supuestos”.
De igual forma recordaron que “Escalante, quien no es funcionario público declaró a medios de comunicación nacionales que Chacón Madrigal le pidió revisar la norma técnica a un equipo de trabajo, cuyos integrantes prefirió no revelar y que laboró al margen de la comisión
técnica que el mismo Ministerio de Salud convocó de manera oficial para hacer el mismo trabajo, con la participación de varias instituciones, y la cual recomendó, por unanimidad, no modificar el reglamento porque su conclusión es que “no amerita””.
“Sin embargo, mediante este mecanismo subrepticio, la ministra de Salud en connivencia con un letrado de la Sala Constitucional que llegaría a estudiar la eventual norma técnica, presentaron el borrador como un documento oficial del Estado el viernes 17 de febrero de este año a la comisión oficial convocada por el Ministerio de Salud para tales efectos”, resaltaron.
Ante esto hicieron hincapié en que “el margen de la necesaria discusión sobre los derechos reproductivos, de salud integral y de la autonomía de las mujeres para decidir sobre sus propios cuerpos sin coacción por parte del Estado, estos hechos evidencian acciones
concretas de poderes públicos, que operando al margen de la institucionalidad y legalidad, interfirieron y secuestraron competencias propias de órganos técnicos y en su lugar imponer reglamentos creados por funcionarios judiciales (en franca violación a la división de poderes) y personas ajenas a los mecanismos oficiales con el propósito o resultado de exponer al país a una condena internacional ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos”.
“En consideración de lo expuesto, le solicito de manera urgente que más allá de remitir las responsabilidades de investigación disciplinarias correspondientes a la inspección judicial, la Corte Suprema de Justicia tome acciones concretas frente a esta violación directa al principio de separación de poderes”, manifestaron.
“Tan peligroso es que el Poder Ejecutivo tome como suya la función de juzgamiento, como lo es que el Poder Judicial, mediante letrados u otros funcionarios, pretenda reglamentar las leyes que luego deberá analizar. También le solicito valorar el terrible daño que esta situación le está provocando a la imagen del Poder Judicial y a la institucionalidad democrática”, concluyeron.
