San José, 7 sep (elmundo.cr) – La fracción del Frente Amplio lanzó hoy la alerta por la posible tercerización del servicio de seguridad y vigilancia de las terminales de la Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica (Japdeva), a pesar de las irregularidades en el cartel de contratación. La misma se realizaría en las terminales Hernán Garrón Salazar y Gastón Kogan Kogan, en Limón.
La diputada frenteamplista, Rocío Alfaro, denunció este miércoles 7 de agosto en Plenario que la contratación está llena de irregularidades, empezando por la aparente intermediación de la jerarca de Japdeva, Sussy Wing Ching, a favor del oferente.
“Wing Ching participó en una reunión de la comisión de licitaciones, donde no debería estar por ser esto un asunto técnico, pero llegó para coaccionar las recomendaciones dadas por el departamento solicitante y para que se corrigiera la decisión de declararla infructuosa y, por el contrario, darle curso a la adjudicación”, indicó la legisladora.
Según indica la fracción del Frente Amplio, mediante un informe interno de la institución, pidió declarar infructuoso el cartel de licitación por considerar que el único oferente no cumplía con los requisitos. De contratarse, la empresa en cuestión cobraría el triple de lo que actualmente invierte Japdeva por el rubro de seguridad, pasando de ₡27 millones de hoy, a ₡91 millones.
Sumado a la gravedad del señalamiento contra la jerarca y al mayor gasto público en que se incurriría, la diputada frenteamplista recordó que la Sala Constitucional fue clara en que “ese tipo de servicios no se pueden tercerizar por un tema relativo a la seguridad nacional”, indicó la legisladora.
El voto de la Sala N° 2022016950 del 20 de julio de 2022, referente a la reforma a la ley constitutiva de Japdeva, “…exceptúa todo aquello relativo a la seguridad nacional, control aduanero, migración y todo aquello que tenga que ver con funciones propias del Estado, las que son indelegables e irrenunciables y en modo alguno pueden quedar en manos privadas.”
“Respetuosamente solicitamos al Ejecutivo, a Japdeva y a la Contraloría se tomen en consideración estos argumentos, a efecto de no tercerizar o concesionar los servicios de Seguridad Portuaria en el Atlántico, más cuando se está traficando tanta droga por el puerto privado de APM”, concluyó Alfaro.
