San José, 19 feb (elmundo.cr) – El jefe de fracción del PUSC, Rodolfo Peña, aseveró que la Ley de Empleo Público es un tema de “justicia”.
El proyecto de ley 21.336 con el nombre Ley marco de empleo público propone crear un solo régimen de empleo y ocho familias salariales bajo la administración del ministerio de Planificación (Mideplan).
Se excluyen a entes públicos no estatales (Banco Popular, Bahnvi, Conacoop, Conarroz) y empresas públicas en régimen de competencia (Banco Nacional, BCR, ICE e INS)
El diputado Peña explicó que si un funcionario, de cualquier institución, con más de 20 años de laborar, que nunca se haya incapacitado, con desempeño de evaluación perfecto y que ha aportado mucho, hoy gana 500 000 colones y en la nueva escala va a ganar 750 000 colones; por su parte, el empleado que entra mañana, va a perder muchísimo el entusiasmo de colaborar para la institución y esa diferencia salarial va a contribuir a seguir siendo un Estado súper ineficiente.
“Más de lo que somos actualmente”, agregó.
El jefe de bancada reiteró que esta ley “es un tema de justicia, no de aumentó salarial”.
En cuanto al tema de la rectoría, el socialcristiano aseveró que tienen claro que por una resolución de la Sala Constitucional, debe estar en el Poder Ejecutivo.
No obstante, señaló que considen que Mideplan podría ser un rector político, y por eso, para el congresista es preciso fortalecer más el Servicio Civil como una autónoma, para que sea una rectoría técnica.
Asimismo, el legislador dijo que considera que debe ser tripartita Servicio Civil, Mideplan y la autoridad presupuestaria.
Además, alertó que la Rectoría no debe de quedar en manos políticas.
Por su parte, Shirley Díaz, la sub jefa de fracción del PUSC aseveró que el proyecto no ha tenido un objetivo que verdaderamente sopese los criterios de eficiencia y eficacia del manejo del recorte de las plazas.
«Me parece que si se aprueba este proyecto tal y como está planteado en este momento, podría generar desempleo y podría generar todavía una mayor obstrucción a la reactivación económica del país, porque generaría una situación de incertidumbre más grande aún», alertó Díaz.
La diputada aseveró que además provocaría que disminuya el consumo y que eso no es conveniente en este momento.
«Es un proyecto que está en construcción y que hay que reformar, tal cual está es este momento no es viable y no responde con los requerimientos de este tipo de situaciones que empiezan a salir a flote», dijo Díaz.
“Yo creo que el proyecto es deficiente, considero que no se han tomado en cuenta los objetivos institucionales en concordancia con el plan Nacional de Desarrollo y los objetivos estratégicos de las instituciones y eso es algo grave”, advirtió Díaz.
La legisladora alertó que es una falencia que lo que está produciendo son recortes sin hacer un análisis profundo y exhaustivo de cómo están construidas las plazas de las distintas instituciones del Estado, mientras no se haga este análisis profundo no se cumple con el criterio de eficacia y eficiencia que debe tener como fin primordial una reforma en Empleo Público
“Si no entramos en ese análisis detallado en búsqueda de esta coherencia con el Plan Nacional de Desarrollo con los objetivos constitucionales, estamos con problemas serios de incurrir en recortes torpes que van a disminuir la eficiencia del Estado y que no garantizan tampoco que vaya a mejorar la eficacia, entonces que tener mucho cuidado”, concluyó Díaz.
Asimismo, su compañero de bancada, el diputado Pedro Muñoz, denunció que “el proyecto que PAC/PLN está imponiendo para el Empleo Estatal es otra burla”.
Según el socialcristiano “tenemos una oportunidad para llevar orden, justicia y EFICIENCIA al empleo público, pero prefieren arrastrar a esta Asamblea para aprobar un ornitorrinco jurídico que no soluciona nada”.
