Asamblea Legislativa, 8 oct (elmundo.cr) – La noticia de la suspensión del decreto ejecutivo para la aplicación y regulación de la Fertilización In Vitro (FIV), por parte de la Sala IV fue vista con buenos ojos por parte de los diputados que conforman la fracción legislativa del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), quienes consideran que “las vidas humanas no se rigen por decretos ejecutivos”.
La Sala IV comunicó la decisión de suspender del decreto realizado por el Presidente de la República, Luis Guillermo Solís, mientras estudia la acción de inconstitucionalidad interpuesta mediante un Recurso de Amparo, presentado el pasado 21 se setiembre por los diputados socialcristianos.
“Estamos claros que a la luz de la resolución de la Corte Interamericana de Justicia debe legislarse la FIV pero para garantizar el derecho a la vida como un instrumento para crear vida, no para descartar embriones ni mucho menos para congelarlos ni transarlos de ninguna forma”, afirmó el diputado del PUSC, William Alvarado.
Por su parte, el diputado socialcristiano Luis Vasquez, aseguró que la Asamblea Legislativa ha trabajado arduamente en el tema y ya dictaminó un texto borrador sobre el proyecto de ley de la FIV que se será conocido y discutido en el plenario.
Vásquez, enfatizó que el decreto presidencial para la aplicación de la FIV, nunca debió ser, ya que la regulación sobre la vida es materia reservada a la Asamblea Legislativa, por lo que al suspender a la aplicación “la Sala Constitucional está restableciendo el ordenamiento jurídico correcto”.
La fracción socialcristriana, afirmó defender la vida desde la concepción y aseguró vigilar de forma estricta, lo que según ellos es, el derecho a la vida.
Sin embargo, la FIV es un parte aguas en el escenario legislativo y social costarricense, la aplicación y regulación de la técnica es un derecho humano que no ha sido permitido en el país, motivo por el cual Costa Rica tiene una sentencia internacional para garantizar el acceso de la población a esta técnica, la cual se realizaría por medio de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).
Por este motivo, y en acogimiento del ordenamiento jurídico, el Gobierno defiende que este decreto ejecutivo se ampara en la Constitución Política, y más que atentar contra la vida humana, es una herramienta para garantizarla, así como para permitir que las personas que no puedan concebir de forma natural, recurran a la misma para poder procrear.
