San José, 1 may (elmundo.cr) – La fracción legislativa del Partido Pueblo Soberano hizo un llamado este viernes a trabajar con “firmeza, seriedad y resultados”, bajo la premisa de tomar decisiones que, según afirman, otras asambleas no se atrevieron a ejecutar por el país.
El jefe de bancada, Nogui Acosta, enfatizó que el objetivo principal es devolver la eficiencia al Congreso y responder al mandato ciudadano de resolver los problemas nacionales.
“Costa Rica necesita decisiones valientes, no más parálisis ni excusas. Vamos a utilizar todos los mecanismos reglamentarios que permite la Asamblea para buscar soluciones y avanzar en los proyectos que el país necesita”, afirmó Acosta.
La agrupación política sostiene que la nueva Asamblea Legislativa debe abandonar lo que califican como “discusiones estériles e improductivas” para centrarse en la transparencia y la atención de las necesidades reales de la población.
Dentro de su agenda prioritaria, Pueblo Soberano anunció que promoverá reformas estructurales enfocadas en:
- Agilización del Poder Judicial.
- Fortalecimiento de las herramientas contra el crimen organizado.
- Reducción de la burocracia y simplificación de trámites.
- Modernización del sistema de pensiones.
Asimismo, la fracción se comprometió a impulsar proyectos estratégicos que consideran motores clave para el desarrollo, la inversión y la generación de empleo, tales como el proyecto de Crucitas, Ciudad Gobierno, el tren eléctrico y la Marina de Limón.
Por su parte, el subjefe de fracción, Juan Manuel Quesada, subrayó que, si bien apuestan por el diálogo, la prioridad es la responsabilidad con la ciudadanía.
“Creemos en el diálogo y el respeto, pero, sobre todo, en la responsabilidad de cumplirle al pueblo de Costa Rica. Es momento de dejar los intereses partidarios y poner en el centro a la gente. Hoy comienza un nuevo despertar para Costa Rica, con esperanza, pero, sobre todo, con resultados”, concluyó Quesada.
La bancada oficialista busca con este pronunciamiento marcar una hoja de ruta clara para el periodo legislativo, apostando por una gestión orientada a resultados concretos en infraestructura y reformas del Estado.
