Cuesta de Moras, 6 set (elmundo.cr) – Los intentos de un grupo de empresarios y sus asesores tributarios de bajar las penas de cárcel establecidas en la actualidad por fraude fiscal, fracasaron la tarde de este martes en la Comisión de Hacendarios de la Asamblea Legislativa.
Los diputados que conforman ese órgano parlamentario empezaron a conocer las 47 mociones que se presentaron al proyecto de Ley que vendrá a reforzar la lucha contra el fraude fiscal, iniciativa que se tramita en el expediente 19.245.
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Las modificaciones propuestas consistían en pasar de cinco a dos años de cárcel la pena mínima por fraude fiscal, lo que daba pie para que la persona que se declarara culpable pudiera acceder al beneficio de ejecución condicional de la pena.
Además, se pretendía modificar la obligatoriedad que existe hoy de reparar íntegramente el daño causado al evasor fiscal, dándole la posibilidad de conciliar y por ende, no pagar la totalidad de impuestos que dejó de traspasar a la Administración Tributaria.
Ayer lunes, el Ministerio de Hacienda había efectuado una conferencia de prensa en la que alertó de los efectos que tendrían las modificaciones propuestas al proyecto de Ley.
Carlos Vargas, director general de Tributación declaró que bajar el mínimo de la pena, afectaría los 24 procesos que se encuentran activos en el Ministerio Público contra presuntos evasores fiscales, para beneficio de estos.
Otra de las mociones presentadas y que no fue aprobada fue la que daría la potestad a Tributación para desistir de denuncias penales que hubiese interpuesto por evasión de impuestos, dejando esos casos en impunidad.
Además, esa modificación abría un portillo peligroso mediante el cual, figuras políticas podrían usar su cargo para influenciar en Hacienda con el fin de retirar los procesos que ya están entablados.
Asimismo, la comisión revirtió la decisión de autorizar que los voucher sirvan para justificar gastos deducibles, ya que ese documento no cuenta con información sobre lo pagado, lo que permitiría que los contribuyentes hagan pasar gastos que no tienen que ver con su prestación de servicios para así pagar menos impuestos.
Las polémicas mociones tenían el apoyo de diputados del Movimiento Libertario y Partido Unidad Social Cristiana, el rechazo del Partido Acción Ciudadana y el Frente Amplio, por lo que dependía de los diputados del Partido Liberación Nacional que integran la comisión, definir si las mociones serían acogidas o rechazas.
Mediante un comunicado de prensa posterior a la conferencia de prensa hecha por el Ministerio de Hacienda, el PLN afirmó que su partido no apoyaría modificaciones al proyecto que causaran un debilitamiento de la Administración Tributaria.
Además, los verdiblancos criticaron que el Ejecutivo convocara a una conferencia de prensa para hablar sobre mociones que el partido no había decidido apoyar.
Este lunes se cumplió el segundo día para presentarle mociones al proyecto de Ley para reforzar la lucha contra el fraude fiscal.
Según se estableció en un acuerdo político que dio pie a que a esta iniciativa se le diera un trámite especial y rápido, será votado en primer debate el jueves 8 de setiembre.
Detrás de las modificaciones fallidas están Alan Saborío, Director General de Hacienda y de Tributación Directa en el periodo 1990-1993 y quien es director de Deloitte.
Saborío además ha manifestado en diversas ocasiones su rechazo a la intención de que exista un registro centralizado de accionistas de las sociedades anónimas.
También lo impulsa Adrián Torrealba, Director de Tributación en el periodo 2000-2003 y consultor del Ministerio de Hacienda durante el trámite de elaboración del proyecto de Ley de Justicia Tributaria, en el año 1995.
Torrealba es además quien figura como abogado de Televisora de Costa Rica, en el caso por presunta defraudación fiscal que se sigue en su contra, así como socio del bufete Facio y Cañas, que apareció mencionado por el Semanario Universidad en la investigación periodística internacional que reveló los Panama Papers del bufete Mossack Fonseca.
Finalmente figura Francisco Villalobos, Director de Tributación Directa en el periodo 2011- 2012, y quien se vio forzado a renunciar, tras revelarse que estaba moroso con el pago de sus impuestos sobre la renta.
