San José, 03 jun (elmundo.cr)-Costa Rica recibió este lunes un importante espaldarazo internacional con la aprobación del acceso a la Línea de Crédito Flexible (LCF) del Fondo Monetario Internacional (FMI) por un monto aproximado de USD 1.500 millones y un periodo de vigencia de dos años.
La decisión del directorio del FMI refuerza la percepción de solidez macroeconómica y estabilidad financiera del país, en un contexto global marcado por incertidumbres económicas y tensiones geopolíticas, destacó el Ministerio de Hacienda.
El ministro de Hacienda a.i., Luis Molina Chacón, celebró la noticia y destacó el valor estratégico de este respaldo:
“El acceso a la LCF refleja el reconocimiento del FMI a la consolidación fiscal del país y a la estabilidad de nuestro sistema financiero. Este instrumento refuerza la credibilidad económica de Costa Rica, reduce la percepción de riesgo país y facilita el acceso a los mercados de capital”.
Una red de seguridad financiera sin endeudamiento inmediato
La Línea de Crédito Flexible es una herramienta precautoria, lo que significa que no implica un desembolso inmediato ni genera deuda automática. Su principal objetivo es proveer liquidez en caso de choques externos que puedan impactar la economía nacional.
Molina Chacón subrayó que esta línea de crédito fortalece la capacidad de respuesta del país ante eventos internacionales adversos, sin imponer nuevas condiciones al Ejecutivo:
“Este instrumento contribuye a preservar la estabilidad macroeconómica al ofrecer una red de seguridad. Además, facilita la gestión de la política económica y la deuda pública sin condicionalidades ex post. Esto es fundamental para seguir promoviendo el desarrollo sostenible del país”.
El uso de los recursos requiere aprobación legislativa
Aunque no representa un compromiso inmediato de uso, el acceso formal a esta línea requiere de la aprobación de la Asamblea Legislativa, por lo que el Poder Ejecutivo presentará un proyecto de ley para garantizar su habilitación legal.
El Ministerio de Hacienda reiteró que esta medida no solo apunta a blindar la economía costarricense frente a los riesgos globales, sino también a reforzar la confianza de los inversionistas nacionales e internacionales en el país.
