San José, 4 jul (elmundo.cr)- En una nueva audiencia en el Juzgado Penal de Hacienda del II Circuito Judicial de San José, la Fiscalía General (FG) pedirá nuevamente medidas cautelares contra cuatro empleados del Banco Popular y dos de la empresa Sinocem.
A los imputados se les vincula con un presunto crédito millonario irregular aprobado por la entidad bancaria a la compañía, para la supuesta importación de cemento chino.
El Juzgado deberá señalar fecha para la audiencia; el tipo de medidas cautelares a solicitar serán informadas por la Fiscalía el día de esa audiencia.
Ayer, la FG fue notificada de la resolución del Tribunal Penal de Hacienda, que declaró la ineficacia de la resolución del Juzgado Penal del 16 de marzo anterior, tras un recurso de apelación presentado por la Fiscalía.
En esa resolución, el Juzgado rechazó la solicitud de prisión preventiva que hizo el Ministerio Público en contra de los imputados, en la que se alegó obstaculización de la investigación y peligro de fuga, por parte de los sospechosos.
En la notificación recibida ayer, el Tribunal acogió el recurso de apelación de la Fiscalía y ordenó que se realice una nueva audiencia.
Causa penal. La Fiscalía General investiga a los imputados por el presunto delito de peculado, en el expediente 17-000013-033-PE. El 14 de marzo anterior, el ente fiscal dirigió 12 allanamientos y ordenó la detención de los investigados.
Se trata de dos hombres de apellidos Rojas Segura y Cortés Zúñiga, ambos gerentes de Sinocem, y cuatro funcionarios del banco, apellidados Bogantes Brenes (analista de crédito), Gómez Barrantes (ejecutivo de Negocios Corporativos), Delgado Negrini (jefe de la División de Banca Institucional Corporativa) y Alpízar Hidalgo (director de Banca Empresarial: formaba parte del Comité Gerencial de Crédito Pleno).
La causa continúa en investigación.
