San José, 24 sep (elmundo.cr) – La Fiscalía de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (FAPTA) ha solicitado la suspensión del cargo como directivos, impedimento de salida del país y firmas periódicas como medidas cautelares contra Marta Esquivel, presidenta ejecutiva de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), y otros detenidos por su presunta implicación en un caso de sobreprecios en la adjudicación de 138 Equipos Básicos de Atención Integral en Salud (EBAIS).
Entre los involucrados, además de Esquivel, se encuentran María Gutiérrez, gerente general interina; los directivos Zeirith Rojas, Johnny Gómez y María Camareno; y los ex representantes Jorge Porras, Jorge Araya y Roberto Quirós.
Las medidas solicitadas incluyen la suspensión como miembros de la Junta Directiva de la CCSS por un período de seis meses, con excepción de Porras, quien ya había renunciado. Asimismo, los imputados tendrán prohibido contactar a testigos relacionados con el caso o intervenir en la licitación de los EBAIS.
El caso está relacionado con la adjudicación a cuatro cooperativas y una asociación para la operación de 138 EBAIS en diferentes partes del país.
De acuerdo con la investigación del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y la Fiscalía, esta decisión generaría un gasto adicional para la CCSS del 33%, equivalente a ¢12.400 millones anuales, lo que ha levantado sospechas de posibles irregularidades en el proceso de contratación.
Las autoridades aún no han emitido declaraciones sobre posibles próximos pasos en el proceso judicial, aunque se espera que en las próximas semanas se avance con las indagaciones para esclarecer las responsabilidades individuales en este caso.
