San José, 23 jun (elmundo.cr) – La Fiscalía General de la República presentó esta mañana, ante la Secretaría de la Corte Suprema de Justicia, una acusación con solicitud de levantamiento de fuero y apertura a juicio contra siete funcionarios miembros de los Supremos Poderes, por su presunta participación en delitos relacionados con financiamiento político ilícito.
Los imputados son el presidente de la República, Rodrigo Chaves, el primer vicepresidente, Stephan Brunner, el canciller, Arnoldo André y los diputados Pilar Cisneros, Luz Mary Alpízar, Paola Nájera y Waldo Agüero.
La acusación fue tramitada por el fiscal general, Carlo Díaz, y forma parte del expediente 22-000116-1218-PE.
La Fiscalía indica en su investigación que se habrían utilizado dos estructuras paralelas para financiar la campaña electoral del Partido Progreso Social Democrático (PPSD), en el período electoral 2022-2026.
Las estructuras identificadas fueron un fideicomiso privado y las cuentas bancarias personales de Sofía Agüero, quien enfrenta un proceso penal independiente en el expediente 22-000210-0276-PE, bajo investigación de la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción.
Para la Fiscalía ambas vías de financiamiento operaron al margen del control del Tribunal Supremo de Elecciones y de la Tesorería del PPSD, tal como exige el Código Electoral, por lo que señalan que esto contraviene los principios de legalidad, transparencia y publicidad que rigen el financiamiento político en Costa Rica, afectando la integridad del proceso electoral.
El Código Electoral establece que toda contribución a partidos políticos, candidaturas o precandidaturas debe ser realizada por personas físicas nacionales, plenamente identificadas, y canalizadas únicamente a través de los mecanismos oficiales del partido político.
La Fiscalía sostiene que existen suficientes elementos de convicción para sostener, en el grado de probabilidad requerido en esta etapa procesal, que los imputados son autores de los delitos contemplados en los artículos 273, 274 inciso e), 275 inciso a) y b) del Código Electoral.
Ahora, corresponde a la Corte Suprema de Justicia conocer la acusación y, de considerarlo procedente, solicitar a la Asamblea Legislativa el levantamiento del fuero constitucional de los funcionarios imputados, como lo establece el procedimiento especial para el juzgamiento de miembros de los Supremos Poderes.
