San José, 22 feb (elmundo.cr)-El Ministerio Público investigará al exministro del MOPT, Carlos Villalta Villegas, por el supuesto delito de falsedad en la recepción de bienes y servicios contratados, para la construcción de la carretera de acceso al megapuerto de Moín.
Así lo confirmó el área de prensa de la Fiscalía al periódico La Nación, donde se hace ver que el posible error podría aumentar el costo de la obra en unos $5,6 millones.
Según la información, la apertura del caso se dio el 6 de febrero anterior, e incluso el Ministerio Público no descarta que el presunto delito pueda ser recalificado durante el proceso de investigación.
La causa se tramita bajo el expediente 18-000009-1218-PE, y el aparente delito está regulado en el artículo 50 de la Ley Contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública, que se sanciona con dos a ocho años de prisión.
Desde el 23 de abril pasado, La Fiscalía abrió un expediente en aras de estudiar la contratación de la ruta 257, que daría acceso a la terminal de contenedores, donde se habría cometido un fallo de 80 metros en las coordenadas de la vía.
En un principio, el MOPT anunció que ese fallo costaría $14 millones, pero luego Villalta hablo de un monto menor cercano a los $5,6 millones.
Pese a estas circunstancias, el 17 de abril del año pasado, en la página de Casa Presidencial, se informó sobre la comparecencia del exministro en la Comisión de Ingreso y Gasto Público, donde habría reiterado que no había ninguna “pifia” en la construcción del acceso a la terminal de contenedores.
Además, en aquella oportunidad aclaró que la autorización emitida en febrero de 2016 por la Contraloría, para la contratación de estudios previos, diseño y construcción de la ruta definitiva, se hizo por el orden de los $ 78 millones, adjudicándose la obra por $ 71.85 millones.
El titular en aquel entonces Obras Púbicas dijo que al momento de construirse el acceso provisional, la Administración supuestamente no disponía de diseños finales de la terminal de contenedores por lo cual no era previsible “resolver” desde esa fase inicial el punto preciso de interconexión.
Aunado a ello, el exfuncionario indicó que “el contrato establecía la obligación, para la administración, de construir accesos que se ajustaran al desarrollo de la obra, esto es, uno provisional para el ingreso de materiales y maquinaria y el definitivo a 4 carriles una vez que iniciara operaciones la mega terminal”.
En razón de lo anterior la Administración propuso dos trazados, el primero para una fase constructiva y el segundo materializar la interconexión definitiva.
No obstante, por disposición de la SETENA se definió un único corredor para garantizar un menor impacto ambiental, de ahí que el punto de conexión de la vía provisional estuviera al momento de construirse la vía definitiva, según dijo en aquel momento durante la interpelación el exministro.
“No hay pifia.. reiteró el Ministro, se advirtió la necesidad de resolver la interconexión entre la ruta 32 y la mega terminal y en consecuencia se tomaron las previsiones financieras para materializar esas obras y cumplir el compromiso adquirido por la administración de disponer de esa vía a efecto de asegurar el descuento de hasta $ 20 por cada contenedor movilizado… Esas obras incrementarían en $ 5,3 millones el monto adjudicado, representando, el monto total, una cifra inferior a los $ 78 millones autorizados por la Contraloría General de la República” concluyó.
