San José, 11 dic (elmundo.cr) – La Fiscalía General de la República abrió una causa penal en contra del ministro de Ambiente, Édgar Gutiérrez Espeleta y los integrantes de la Junta Directiva de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep).
Así consta en el oficio FGR-933-2017 del pasado 7 de diciembre, suscrito por Dixiana Hernández Gamboa, fiscal auxiliar de la Fiscalía General de la República.
La causa contra Gutiérrez se tramita en el expediente 17-000037-0033-PE y es por la comisión de supuestos delitos en perjuicio de los deberes de la función pública. Dicha causa estará a cargo de la Fiscalía General, dado que el ministro es integrante de un Supremo Poder y por tanto, tiene fuero.
Asimismo, la causa contra Xinia Herrera Quesada, Adriana Garrido Quesada y Alfredo Cordero Chinchilla, directivos de la Aresep, se tramita en el expediente 17-000038-0033-TP, por la supuesta comisión del delito de incumplimiento de deberes. La investigación estará a cargo de la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción.
La Fiscalía ordenó la apertura de las causas luego de recibir una denuncia de parte del diputado del Frente Amplio, Edgardo Araya, por supuesto incumplimiento de deberes en el Proyecto Hidroeléctrico San Rafael, en San Pedro de Pérez Zeledón, a cargo de la empresa constructora Hernán Solís.
El legislador relató que la Aresep, en primera instancia, le rechazó a la empresa constructora la concesión del servicio público, porque no contaba con los permisos de aguas, empero, la empresa apeló la decisión y la entidad tenía ocho días para resolver, aunque al final se habría tardado tres meses.
En medio de ese interín, según Araya, la compañía llegó con la concesión de aguas otorgada al parecer en mes y medio por parte del Ministerio de Ambiente y Energía (Minae), sin contar con la declaratoria de conveniencia nacional.
“Con una concesión de aguas dada de forma extemporánea, es decir después del plazo que la misma Aresep había dado. Todavía más grave que el ministro de Ambiente diga que le puede dar una concesión de aguas sin tener de por medio la conveniencia nacional que se requiere”, manifestó el legislador frenteamplista .
Aunado a ello, el diputado dijo que la declaratoria de “conveniencia nacional” debe demostrar de previo que los beneficios sociales del proyecto son mayores que los costos-ambientales, y si no ha sido otorgada, la autorización del proyecto quedaría en el aire.
En esa misma línea, a tres días de que venciera el plazo que tenía el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) con la constructora, para la compra de energía generada en la planta hidroeléctrica privada, la Aresep presuntamente giró la autorización que avaló dicho servicio.
“Aquí ha habido prevaricato e incumplimiento de deberes. Esto lo hemos planteado ante la Fiscalía General de la República para que se haga la investigación que considere. Esto nos parece mucho a lo que pasó con el caso del proyecto minero Crucitas”, afirmó el congresista en ese entonces.
