San José, 20 feb (elmundo.cr) – La Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (FAPTA) y la Sección Anticorrupción del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) se encuentran ejecutando 21 allanamientos, como parte de una causa que se tramita contra personal de la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS) y proveedores de esa institución, por el presunto delito de influencia en contra de la Hacienda Pública.
En el caso se investigan presuntas irregularidades en la compra de mascarillas, también denominadas respiradores filtrantes de partículas para protección respiratoria KN95. Las diligencias están en desarrollo en oficinas de la CCSS, en el Edificio Océano, en el Centro Corporativo Internacional, IBT S.A y la Oficina Landergren Consulting Gruop.
Según la Fiscalía, en cuanto a funcionarios de la Caja, investiga al exgerente general, exgerente de logística, directores y jefes del Área Aprovisionamiento de Bienes y Servicios, asesores de las gerencias, y la Comisión Técnica encargada del análisis de dichos respiradores. Respecto a personas externas de la institución, son investigados una mujer de apellidos Martínez Ruiz y un hombre apellidado Landergren Castro.
De acuerdo con la investigación dirigida por la FAPTA, se presume que funcionarios de la CCSS, quienes ocupaban cargos de alta jerarquía a mandos medios, se habrían aprovechado de sus puestos para intervenir en los procesos de compras, durante la pandemia.
Se cree que habrían facilitado dichos procesos para obtener los mencionados respiradores y, al parecer, favorecerse y favorecer a proveedores que nunca habían contratado con la CCSS y que, presuntamente, se dedicaban a otro tipo de actividad económica.
En apariencia, extemporáneamente, las empresas habrían presentado ofertas a la institución, sin cumplir con los requisitos mínimos exigidos dentro del cartel. Sin embargo, aparentemente, resultaron adjudicadas, pese a que existían otras ofertas que cumplían con los requisitos establecidos, así como compañías reconocidas por ser proveedores regulares.
El objetivo de los allanamientos es decomisar prueba para el caso, por lo que no habrá personas detenidas. La causa se investiga mediante el expediente 20-027795-0042-PE.
