San José, 12 oct (elmundo.cr) – Las recientes declaraciones del fiscal general de la República, Carlo Díaz, durante su comparecencia ante la Comisión para el Control de Ingreso y Gasto Público de la Asamblea Legislativa, han generado un terremoto político en Costa Rica.
Las afirmaciones del jefe del Ministerio Público no solo revelan posibles casos de corrupción y espionaje, sino que también ponen en el centro de la discusión la influencia del crimen organizado y su relación con el gobierno actual.
Una campaña para desprestigiar al fiscal y a la Sala IV
Una de las acusaciones más impactantes lanzadas por el fiscal fue que se destinaron $350.000 en criptomonedas para financiar una campaña de desprestigio en su contra y en contra de la Sala Constitucional (Sala IV). Este ataque estaría vinculado a las investigaciones por presunta corrupción en el gobierno y a la decisión de la Sala IV de declarar inconstitucional la llamada Ley Jaguar.
Díaz afirmó contar con pruebas, incluidas capturas de pantalla, sobre la operación de una “granja de troles” financiada para difundir desinformación y erosionar la confianza en estas instituciones clave. La denuncia, que ha sido remitida al Organismo de Investigación Judicial (OIJ), no solo expone una amenaza directa a su labor, sino que también abre el debate sobre el uso de tácticas digitales para manipular la opinión pública en Costa Rica.
El hecho de que se hayan empleado seis bitcoines para financiar esta operación subraya la sofisticación y el alcance de estas campañas, marcando un precedente preocupante en la política costarricense, donde los ataques cibernéticos comienzan a ser una herramienta clave para influir en los procesos democráticos.
Espionaje y uso indebido de recursos del Estado
Otro aspecto alarmante de las declaraciones de Díaz fue la revelación de que vehículos decomisados al narcotráfico, gestionados por el Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD), habrían sido utilizados para vigilarlo a él, así como a diputados y magistrados. La implicación de que recursos del Estado podrían estar siendo desviados para fines de espionaje político abre un nuevo frente de preocupación sobre la utilización de las instituciones públicas para intimidar a los críticos del gobierno.
Esta denuncia remueve los cimientos de la política costarricense, pues pone en duda la integridad de un órgano clave en la lucha contra el narcotráfico y genera preguntas sobre hasta qué punto el crimen organizado ha infiltrado las estructuras del Estado. Las consecuencias de estas acusaciones pueden ser devastadoras si se llega a comprobar la veracidad de las mismas.
Tensiones con el gobierno y la DEA
La relación entre el fiscal general y el gobierno de Rodrigo Chaves ha sido tensa desde los allanamientos relacionados con presuntos sobreprecios en los contratos de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS). Durante su comparecencia, Díaz criticó abiertamente que ciertos funcionarios del gobierno no fueran invitados por la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos (DEA) a un seminario internacional sobre el narcotráfico en Grecia, insinuando que esto refleja un desinterés o falta de capacidad en la lucha contra el crimen organizado.
Estas declaraciones parecen aumentar las fricciones entre el Ministerio Público y el Poder Ejecutivo, en un contexto en el que la figura del fiscal general se ha convertido en un foco de ataques desde diferentes sectores, incluyendo el propio presidente Chaves, quien cuestionó la relación personal de Díaz con una funcionaria del Ministerio Público durante su participación en el seminario de la DEA.
Una investigación legislativa sobre vínculos con el crimen organizado
La gravedad de las denuncias del fiscal fue tal que, tras su comparecencia, el plenario legislativo aprobó una moción para investigar posibles nexos entre el gobierno y el crimen organizado. Esta decisión, con 38 votos a favor, subraya la inquietud generalizada entre los diputados sobre las posibles conexiones entre actores políticos y redes criminales.
Si bien esta moción fue aprobada en gran medida por la oposición, la votación revela una creciente preocupación por la penetración del crimen organizado en las instituciones del Estado. Las implicaciones de estas investigaciones podrían sacudir la política costarricense, especialmente si se encuentran pruebas que vinculen al gobierno con actividades ilícitas.
Amenazas y tensiones políticas en el Congreso
Las tensiones políticas derivadas de la comparecencia del fiscal no se limitaron a las revelaciones sobre espionaje o corrupción. Diputados de la oposición denunciaron haber recibido amenazas por parte de sus colegas oficialistas, Pilar Cisneros y Alexander Barrantes, quienes supuestamente insinuaron represalias políticas tras la aprobación de la moción. Estas amenazas, aunque negadas en su gravedad por los legisladores involucrados, alimentan aún más las divisiones en el Congreso y el clima de polarización que rodea a la Administración de Chaves.
Conclusión: un panorama delicado para la democracia costarricense
Las declaraciones del fiscal general Carlo Díaz han dejado al descubierto una serie de implicaciones preocupantes para la política costarricense. Las acusaciones de campañas de desprestigio, espionaje y la posible infiltración del crimen organizado en las instituciones del Estado no solo afectan la credibilidad del gobierno, sino que también ponen en riesgo la estabilidad democrática del país.
El camino que sigue a estas revelaciones es incierto, pero las investigaciones en curso tanto en el ámbito judicial como legislativo determinarán hasta qué punto estas acusaciones impactarán en la política nacional y en la confianza de los costarricenses en sus instituciones.
