San José, 2 mar (elmundo.cr) – La fiscal general, Emilia Navas Aparicio, indicó que no cuenta con evidencia que insinúe que se haya borrado información sensible de los teléfonos celulares y computadoras secuestradas por el Ministerio Público durante el allanamiento que se llevó a cabo el pasado viernes en Casa Presidencia y en otros lugares.
La funcionaria explicó que desde el momento en los medios de comunicación empezaron a informar sobre la creación de la Unidad Presidencial de Análisis de Datos (UPAD), como una posible oficina de espionaje a cargo de la presidencia, solicitó recopilar la información publicada, mientras se tomaba la decisión si debía investigarse.
El lunes 24 de febrero Navas dio la orden de iniciar con la investigación, lo cual involucró un trabajo de “inteligencia” que incluyó la ubicación y reconocimiento de las viviendas de los involucrados y reuniones con expertos en delitos informáticos del Poder Judicial.
El jueves se logró tener completa la fundamentación para que la Sala Tercera acogiera la solicitud de allanamientos y secuestro de equipo. La fiscal dijo que una vez informada de que la solicitud había sido acogida, inició un proceso de coordinación entre Fuerza Pública y Fiscalía, para iniciar con el operativo, el cual se dio, el viernes 28 de febrero.
Ante la consulta de si habrá más allanamientos sobre este caso, como por ejemplo, al lugar donde se ubican los servidores que almacenan la información de Casa Presidencial, la fiscal indicó que no puede adelantar esa información, ya que podría comprometer el curso de la investigación que en este momento se lleva a cabo.
