Por Yamileth Angulo
San José, 5 mar (elmundo.cr) – Este lunes 6 de abril se dará la fase de conclusiones de la defensa en el juicio contra las 24 personas acusadas por los disturbios ocurridos durante una protesta en Moín de Limón, en el 2010.
El 29 de abril de 2010 en Limón fueron detenidos un total de 24 personas entre profesores universitarios, trabajadores de los muelles y miembros de la comunidad, en el contexto de una jornada Nacional de lucha contra la Ley de Empleo Público y el Salario Único, convocada por sindicatos del sector público y otras organizaciones.
Una de las personas que en ese momento fueron detenidas fue la psicóloga y docente de la Universidad de Costa Rica Flor Artiaga.
Según comentó Artiaga a elmundo.cr en entrevista, “en ese momento, trabajaba en la Sede en Limón de la Universidad de Costa Rica como docente y coordinadora de TCU. Con mi jefe el ingeniero Francisco Rojas, Coordinador de Acción Social, nos dirigimos a realizar una documentación de la manifestación como parte de las labores de registro de procesos de cambio y lucha social de la comunidad limonense, lo que debe ser tomado en cuenta como parte de las decisiones propias de la Acción Social”.
Dicha manifestación estuvo constituida por un grupo de unas 100 personas, donde se dieron daños materiales y ataques a la policía.
Ante esto Artiaga fue muy clara en que ella está “en total desacuerdo con acciones vandálicas o que generen daños a personas u otros seres como parte de las acciones colectivas de protesta. A raíz de esa situación, hubo intervención policial, detenciones y una posterior acusación masiva dirigida a todas las personas que estuvimos detenidas”.
“Hubo un cierre de vías, hubo disparo a policías desde un lugar cercano a la manifestación, la policía respondió con gases lacrimógenos, la gente retrocedió a lo largo de un kilómetro aproximadamente, en el camino se dieron las quemas de trailers y luego se dieron las detenciones, en un lapso de 2 horas”, indicó Artiaga.
Ante la consulta de por qué ella y Francisco Rojas fueron detenidos, la docente universitaria señaló que “no todas las personas detenidas estaban en la manifestación, no todas las detenciones se dieron en el mismo momento y lugar. Nosotros fuimos detenidos por esta ahí, yo estaba tomando fotos. Tampoco todas las personas detenidas forman parte de las organizaciones antes mencionadas”.
A nivel personal el largo proceso del juicio le ha causado una serie de pérdidas a esta profesora universitaria. “Las medidas cautelares impuestas durante más de año, provocaron que la UCR me impidiera viajar a sacar un posgrado en Inglaterra al cual ya había sido aceptada e incluso tenía una beca especial, a raíz de eso sufrí la pérdida de mi plaza en propiedad en la Sede del Caribe de ese centro de enseñanza”.
“Le pido que no se quede con los perjuicios que me pudo haber provocado el asunto. Acá el tema de fondo es que somos chivos expiatorios de una política de criminalización de la protesta social. Esto es un juicio político, no penal. La acusación no se sostiene, no hay una individualización de las personas que presuntamente cometieron los delitos y no hay pruebas que demuestren acciones delictivas de cada acusado en particular, en mi caso mi principal defensa son mis vídeos y fotos. Yo estaba documentando, no estaba haciendo otra cosa. Incluso hay prueba de que hubo otras personas involucradas y detenidas que no están siendo enjuiciadas” enfatizó Artiaga.
Para ella “con lo de “juicio político hago referencia a un objetivo distinto a la detención y encarcelamiento por un delito per se, el objetivo de fondo en ese contexto, es desalentar a las personas a que participen en acciones colectivas de protesta, que son acciones que forman parte de un Estado democrático saludable”.
“Esto debe ser de interés para el Movimiento social en general, el resultado de este juicio puede ser un precedente para el abordaje del tema en otros casos de personas detenidas en manifestaciones”, concluyó.
