FIA, ruta al megapuerto y caso viceministra son los mayores ejemplos de corrupción del PAC, dice Sandra Piszk

Sandra Piszk, diputada del PLN. Foto: Luis Manuel Madrigal / El Mundo CR
Sandra Piszk, diputada del PLN. Foto: Luis Manuel Madrigal / El Mundo CR

San José, 08 may (elmundo.cr)- Recientemente la Contraloría General de la República (CGR) dio a conocer un informe en el que revela que la percepción de los ciudadanos sobre la corrupción en el país va en aumento.

Para la diputada del Partido Liberación Nacional (PLN), Sandra Piszk, esta problematica es más que evidente en el actual Gobierno e hizo referencia a lo que para ella, son lo tres mayores ejemplos de corrupción.

Se trata del Festival Internacional de las Artes (FIA) 2015, la construcción de la carretera que comunica la Ruta 32 con el megapuerto y el caso de las viceministra de la Presidencia, Ana Gabriel Zúñiga, quien recibió millones de colones en incentivos salariales que no le correspondían.

“El informe viene a confirmar que nuestras criticas no son mala fe ni mucho menos, este Gobierno se ha empeñado en decir que no hay corrupción y que todo acto de corrupción viene del pasado,  sin embargo, es contundente el informe de la Contraloría en donde el 85% de la gente cree que hay corrupción y la gente considera que es el segundo problema más grave del país y eso es muy serio”, explicó la legisladora.

Festival Internacional de las Artes 2015

En el 2015 el Festival Internacional de las Artes (FIA) pasó de ser uno de las actividades culturales más importantes del año, a un completo caos, que terminó con la destitución de la entonces ministra de esa cartera Elizabeth Fonseca; del viceministro de Cultura, José Alfredo Chavarría; del viceministro administrativo, Luis Carlos Amador y del director del Centro de Producción Artística y Cultural (CPAC), Inti Picado.

El tan esperado evento, que se realizaría en los cantones del sur de San José nunca inició. En aquel entonces, Fonseca indicó en un informe que pese a que intentaron detener la actividad, recibieron una orden de la viceministra de la Presidencia, Ana Gabriel Zúñiga, para continuar con el mismo.

Según la legisladora, lo más preocupante del caso es que al día de hoy nadie ha dado razón del dinero que se utilizaría para llevar a cabo el evento.

“Se sacaron ₡639 millones más y nunca nadie se dio cuenta en que paró, todos supimos que eso se cayó. Aquí el tema es que se fueron sin dejar rastro y al día de hoy nadie ha dicho ‘esta boca es mía'”, afirmó.

Carretera al megapuerto

Aunque solamente son tres kilómetros de carretera aproximadamente los que se deben construir para comunicar la Ruta 32 con la Terminal de Contenedores de Moín, esta se ha convertido un dolor de cabeza para la actual administración.

Datos erróneos en el diseño que se sacó a licitación y en el que existe un desfase de 80 metros de carretera, le costarán $14 millones más a los costarricenses.

“Lo más dramático en este caso es que siguen defendiendo algo que es indefendible, porque está clarísimo que a la hora de escoger una firma consultora que lo hiciera, escogieron una prácticamente hecha a la medida”, comentó.

Caso Viceministra

Seis jerarcas designados en altos cargos por el Presidente de la República, Luis Guillermo Solís han cobrado de manera ilegal más de ¢113 millones de colones, por la compensación salarial de prohibición para ejercer profesiones liberales.

Se trata de Carmen Muñoz, viceministra de Gobernación y Policía; Ana Cristina Trejos, exviceministra de Vivienda y ahora directiva del Banhvi; Ana Gabriel Zuñiga, viceministra de la Presidencia; Víctor Barrantes, viceministro de Paz; Gina Paniagua, exviceministra de Vivienda y más recientemente Mauricio Ventura, ministro de Turismo.

Sin embargo, para Piszk el caso más preocupante es el de Zúñiga.

“Ella insiste en que tiene la razón y con ello desafía a los órganos de control como la Contraloría General de la República y la Procuraduría General de la República. El Presidente, sin facultades para eso, llega a un arreglo de pago con recursos públicos, pero ningún funcionario del Estado puede negociar con recursos públicos fuera de lo que está reglamentado”, explicó.

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