San José, 6 may (elmundo.cr) – El abogado constitucionalista Fernando Zamora le sugirió a la Asamblea Legislativa establecer reformas para otorgar recursos legales y tecnológicos a los más de 1700 comités de seguridad comunitaria del país.
Para Zamora, lo que ha impulsado con fuerza la delincuencia, es un tipo de crimen organizado que se sostiene en tres factores: la producción de droga, el narcotráfico y el aumento del consumo.
Según refiere el constitucionalista, Costa Rica no es el territorio donde se produce la droga a gran escala, por lo que el camino es combatir las otras dos columnas: el tráfico y la prevención del consumo.
De acuerdo a su criterio, los comités están integrados por vecinos honestos, que conocen la realidad de su comunidad y saben quiénes son los delincuentes que azotan su entorno, el problema es que esos vecinos carecen de recursos para colaborar con el orden policial, están totalmente desprotegidos, y sería un grave error enviarles a enfrentar a los delincuentes, pero para el abogado sí podrían estos comités integrar una gran red nacional de inteligencia de forma que la información que formalmente recaben, y que remitan por canales formales secretos como comités, colabore en las acciones, tanto de prevención como de represión policial y judicial.
Para esto sería necesaria una coordinación legalmente estipulada entre estos comités con el OIJ, la Fuerza Pública, y donde exista, también con la policía municipal.
Propone entonces reformar la legislación para dotar a los comités de seguridad comunitarios de recursos tecnológicos y herramientas legales de coordinación con dichas entidades policiales.
Para lograr este objetivo, la ley debe dar a estos comités vecinales, entre otras, la potestad de que los informes de los comités de seguridad vecinal deban formar parte de los expedientes policiales y eventualmente, puedan ser usados formalmente para iniciar investigaciones.
Zamora plantea dotar a estos comités de controles audiovisuales de vigilancia del crimen en las comunidades, bajo el cuidado de estos comités vecinales, y a su vez, que estos audiovisuales sean monitoreados en centros de control regionales dirigidos, sea por la Policía Municipal o por el Ministerio de Seguridad Pública, y establecer, vía ley, las estrategias de coordinación permanentes entre la policía y dichos comités para el combate de la delincuencia.
