San José, 24 abr (elmundo.cr) – Buscando alivio para el sector productivo del país de las múltiples cargas fiscales y parafiscales que enfrenta, los diputados Eli Feinzaig del Liberal Progresista y Leslye Bojorges del Partido Unidad Social Cristiana, con el apoyo de otros legisladores, presentaron a la corriente legislativa el proyecto 23.702 “Alivio de costos para los establecimientos comerciales”.
El objetivo de esta propuesta es reformar la Ley 6683 “Derechos de Autor y Conexos”, para eliminar el incorrecto cobro de una licencia a locales comerciales de toda índole y en todo el país, para obtener el derecho de reproducir música o encender la televisión como elemento de ambientación en sus recintos.
Actualmente, a través de convenios municipales y como requisito para obtener una patente comercial, la Asociación de Compositores y Autores Musicales de Costa Rica (ACAM), estableció la “Licencia de Autorización de Comunicación Pública”, que se trata de un permiso que todo comercio debe obtener por medio de un pago mensual o trimestral para poder reproducir música en sus establecimientos, incluso cuando no sean comercios relacionados a la industria del entretenimiento, cultura o expresión artística. De no realizarse el pago, los negocios comerciales corren el riesgo de ser multados o cerrados.
Para realizar este cobro, ACAM se ampara en la Ley 6683 que faculta a esta sociedad, como representante de artistas dentro y fuera del país, y cuyo objetivo es recaudar el pago de los derechos de autor de compositores y cantantes para distribuir sus ganancias, sin embargo, los legisladores argumentan que el espíritu de la ley, era proteger los derechos patrimoniales de los artistas del lucro que terceros pudieran hacer con sus obras, no establecer un cobro a aquellas actividades cuyo fin no es lucrar con obras musicales.
A criterio tanto de los diputados como de comerciantes de distintas regiones del país, esta exigencia de pago ha excedido, a todas luces, lo establecido por la ley, ya que debería realizarse el cobro de la licencia únicamente cuando una actividad o negocio obtenga directamente ganancias a partir de la reproducción de la música.
“Aquí observamos que hay una clara extralimitación de la ley por parte de una organización privada que cobra tarifas bajo pena de cerrar el negocio de quienes no las pagan, pues así lo negocian con las municipalidades, como si fuera un impuesto “de facto”. No es posible que en Costa Rica, con la ya enorme carga tributaria y via crucis por el que deben atravesar los dueños de comercios para poner a funcionar su negocio, sometamos a un barbero, a un zapatero a la dueña de una cafetería a pagar un impuesto más solo por el hecho de poner música ambiente en su local”, señaló Feinzaig, jefe de fracción del PLP.
Para el diputado Leslye Bojorges estos cobros y la forma en que se hacen exceden el mandato legal.
“Lo que estamos haciendo es eliminar el encarecimiento innecesario de la actividad productiva, específicamente en aquellos micro y pequeños emprendimientos qué únicamente utilizan música de fondo como elemento de ambientación, y no como parte de un modelo de negocio. En otras palabras, no es posible que en comercios de todo el país, se les esté aplicando un cobro que no solo encarece sus negocios, sino que lo pagan por un bien del cual no lucran. Eso es lo que estamos eliminando”, señaló el diputado socialcristianos Bojorges.
Ambos diputados reconocen la importancia de que los autores, cantantes y compositores, reciban retribución económica por el uso lucrativo de sus obras musicales y afirman estar de acuerdo con los convenios internacionales qué establecen estas retribuciones, sin embargo, afirman que esas retribuciones deban ser cobradas a aquellos que obtengan ganancias por la reproducción de los fonogramas.
“Respeto los tratados internacionales y la legislación nacional en términos de propiedad intelectual, derechos de autor y derechos conexos; también apoyo el derecho de los artistas a obtener ganancias por el uso lucrativo que se haga de sus obras, esa no es la discusión ni el espíritu de este proyecto”, dijo Feinzaig.
“Lo que se cuestiona es que el cobro para ciertas actividades debería ser improcedente, ya que está produciendo un encarecimiento innecesario de la actividad productiva en general, en casos que únicamente utilizan música de fondo como elemento accesorio”, concluyó Bojorges.
