San José, 05 jun (elmundo.cr) – El diputado del Liberal Progresista, Eli Feinzaig, expresó su profunda preocupación ante lo que califica como una “renuncia institucional” de la Superintendencia de Telecomunicaciones (SUTEL) a su deber de proteger los datos personales de los usuarios de servicios de telecomunicaciones en Costa Rica.
La denuncia surge tras una segunda consulta enviada por su despacho el pasado 23 de abril, en la que se cuestiona el rol de SUTEL frente a la posible cesión de datos personales a terceros, específicamente al Ministerio de Hacienda.
Según Feinzaig, la Superintendencia respondió delegando su responsabilidad en la Agencia de Protección de Datos de los Habitantes (Prodhab), sin realizar un análisis riguroso sobre el alcance de sus competencias legales. “Es preocupante que la SUTEL, creada precisamente para tutelar los derechos de los usuarios, decida actuar como espectadora pasiva”, afirmó.
El legislador criticó que el Consejo de SUTEL argumente que el artículo 42 de la Ley General de Telecomunicaciones no especifica el tipo de dato personal que debe ser protegido. “Esa afirmación ignora el principio pro persona que debe guiar la interpretación normativa, y reduce el debate a una simple discusión semántica”, añadió Feinzaig.
Asimismo, la SUTEL sostiene que solo le corresponde proteger los datos obtenidos a partir de las comunicaciones por redes de telecomunicaciones, y no los derivados de la relación contractual con los usuarios, como tipo de contrato, correo electrónico, dirección o georreferencias. Esto, para Feinzaig, representa una interpretación limitada que deja a millones de costarricenses sin garantías claras.
El diputado también cuestionó la supuesta validez del consentimiento que, según SUTEL, los usuarios habrían otorgado al marcar una casilla durante la firma de sus contratos. “No existe prueba alguna de que todos los usuarios hayan marcado esa casilla, y aun cuando lo hicieran, eso no da permiso para compartir sus datos con entidades como Hacienda”, enfatizó.
En ese sentido, Feinzaig hizo un llamado a la Sala Constitucional para que resuelva con prontitud el recurso de amparo y las acciones de inconstitucionalidad presentadas por diversos operadores del país. “Los derechos fundamentales no se negocian ni se delegan”, concluyó.
El diputado reafirmó su compromiso con la defensa de la privacidad, el secreto de las comunicaciones y la libertad individual de los costarricenses ante lo que considera una peligrosa omisión institucional.
