San José, 9 oct (elmundo.cr) – El diputado del Liberal Progresista, Eli Feinzaig, se refirió al proyecto 22.834, conocido como extinción de dominio.
La Sala Constitucional evacuó la consulta legislativa nro. 24-024403-0007-CO, mediante la cual varias diputadas y diputados formularon dudas de constitucionalidad acerca de los artículos 20 bis y 20 ter incisos a y b del proyecto 22.834 denominado “Reforma a la ley 8754 Ley contra la delincuencia organizada para fortalecer la función de la jurisdicción contenciosa administrativa”.
Esto por violación a la presunción de inocencia, el derecho de defensa y el debido proceso (numeral 39 de la Constitución Política) y b) lesión al derecho constitucional de propiedad privada (canon 45 de la Constitución Política).
En la sentencia N° 2024-029411, por unanimidad, los magistrados no hallaron inconstitucionalidad alguna en la mayoría de los aspectos consultados.
Feinzaig aseguró que “extinción de dominio es una verdadera amenaza a las bases de la democracia costarricense y de cualquier democracia”.
“En extinción de dominio se vuelan por completo estos dos principios tan importantes (presunción de inocencia y principio de la carga de la prueba). En la extinción de dominio lo que se pretende es que a las personas con una mera acusación se les puedan quitar sus bienes, se les puedan congelar sus bienes y sus activos”, criticó.
Según el diputado “el proyecto de ley que está en esta Asamblea Legislativa, es incluso más grave que intentos anteriores de extinción de dominio. Porque en el pasado lo que se pretendía hacer era que cuando la persona estaba acusada se le congelaran sus bienes hasta que terminara el juicio. En este proyecto de ley lo que se hace es permitirle a las autoridades congelar los bienes y activos de las personas aún sin que exista acusación”.
“Vean qué grave. Sin acusación, simple y sencillamente por la mera sospecha, tal vez porque alguien hizo una denuncia que no sabemos si será frívola o será real, sin acusación se le podrían congelar los bienes y los activos a las personas”, alertó.
Feinzaig explicó que los diputados del PLP lograron mediante mociones quitar “lo más grave” del proyecto, “aún así quedó muy mal”.
“No solo era congelar los bienes de las personas sino que una vez congelados los bienes y los activos de las personas, el Estado podía inmediatamente disponer de esos bienes y activos. ¿Qué quiere decir disponer de esos bienes y activos? Usarlos para sus propios propósitos o venderlos, platearlos para usar el dinero en alguna otra cosa. Sin juicio, sin acusación, simple y sencillamente porque a alguien se le ocurrió”, manifestó.
El legislador indicó que “si la herramienta se utilizara únicamente para perseguir a narcotraficantes, uno diría, está bien, no hay ningún problema. Lo que pasa es que una vez que se aprueba una herramienta de esta naturaleza y se pone en la legislación, no tenemos ninguna garantía de que va a ser bien utilizada”.
“Hemos tenido ejemplos de fiscales generales que solo estaban para hacer el show, las grandes redadas, y al final nada terminaba en nada, ¿verdad? Y podría llegar alguien con malas intenciones. Esto se puede prestar para persecuciones comerciales, que el propietario de una empresa denuncie al propietario de su empresa rival, simple y sencillamente para destrozarle el negocio y quedarse con todo el mercado. Podría prestarse para persecuciones políticas, podría prestarse para toda clase de perversidades”, sostuvo.
Feinzaig señaló que “la legislación costarricense tiene suficientes herramientas para perseguir al narcotráfico, y si hay que afinar algunas de ellas, cuenten con nosotros para hacerlo. (…) Y no necesitamos poner en manos de las autoridades una herramienta que va a atentar contra la propia democracia costarricense”.