San José, 05 sep (elmundo.cr) – La Federación de Colegios Profesionales Universitarios de Costa Rica asegura que el proyecto de Ley 25.747 trasladaría la verificación de la habilitación profesional a un registro digital adscrito al MEIC y solicita ser escuchada por los diputados.
La Federación de Colegios Profesionales Universitarios de Costa Rica (FECOPROU) manifestó su rechazo al proyecto de Ley 25.747, “Reforma para la promoción de la libre competencia en los servicios profesionales y modernización del régimen de colegiatura”, al considerar que podría afectar los mecanismos actuales de fiscalización del ejercicio profesional.
Según la Federación, el proyecto plantea trasladar la verificación de la habilitación profesional a un registro digital adscrito al Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC).
FECOPROU cuestiona que dicho registro funcionaría como una base de datos “sin criterios de admisión ni mecanismos de acción ante el mal ejercicio profesional”.
Otro de los puntos señalados por la organización es que el proyecto mantendría la colegiatura obligatoria únicamente para un grupo reducido de profesiones, sin establecer, según FECOPROU, cuál es el criterio técnico utilizado para determinar esa selección.
Ante este escenario, la Federación hizo un llamado a las diputaciones de la Asamblea Legislativa para que analicen “con profundidad las implicaciones del proyecto antes de avanzar en su trámite”.
Además, solicitó formalmente ser escuchada en las audiencias correspondientes durante el estudio del expediente.
Colegios profesionales definen una ruta conjunta
FECOPROU informó que durante esta semana las juntas directivas y fiscalías de más de 20 colegios profesionales participaron en sesiones de trabajo para analizar el proyecto y definir acciones conjuntas.
“FECOPROU convoca a los colegios profesionales del país y define una ruta conjunta para proteger a las personas usuarias”, señaló la Federación.
En las reuniones participaron representantes de áreas como salud, ingeniería y ciencias sociales, incluyendo profesionales de medicina, enfermería, farmacia, física, geología, optometría, nutrición, terapia y odontología, entre otras disciplinas.
La principal preocupación planteada por los colegios es que las personas usuarias mantengan garantías sobre la preparación y responsabilidad de quienes ofrecen servicios profesionales.
“La preocupación central: que ninguna persona en Costa Rica quede sin la garantía de que quien la atiende está capacitada y responde por su trabajo”, indicó FECOPROU.
La Federación ejemplificó la importancia de estos controles con actividades que tienen un impacto directo en la población.
“Cuando una persona entra a una consulta médica, contrata la construcción de su casa o confía en que el alimento que compra pasó por un control técnico, alguien verificó antes que ese profesional tiene la formación para hacerlo y que responde si algo falla”, señaló.
Según FECOPROU, esa verificación actualmente corresponde a los colegios profesionales, por lo que considera que ese modelo se encuentra directamente en discusión con el proyecto de ley.
FECOPROU pide ser escuchada por la Asamblea
La Federación insistió en que las diputaciones deben valorar las posibles consecuencias de modificar el actual sistema de colegiatura y fiscalización profesional.
Desde la organización se rechaza el texto propuesto y se insta a los diputados a comprender las posibles afectaciones que, según FECOPROU, podría generar la iniciativa.
La Federación agrupa a 33 colegios profesionales de Costa Rica, que reúnen a miles de profesionales de distintas áreas del conocimiento.
De acuerdo con FECOPROU, durante 60 años su labor se ha concentrado en la fiscalización del ejercicio profesional, la protección de las personas usuarias de servicios profesionales y el fortalecimiento del desarrollo técnico y académico del país.
La organización reiteró que continuará trabajando junto con los colegios profesionales para definir una posición conjunta frente al proyecto de Ley 25.747 y defender los mecanismos que, según sostiene, buscan garantizar que las personas reciban servicios de profesionales debidamente capacitados y responsables por su ejercicio.
