San José, 21 ago (elmundo.cr) – La Asamblea Legislativa aprobó en primer debate un proyecto de ley para la desafectación de una parte de la Reserva Biológica Lomas del Barbudal.
El proyecto pretende construir un embalse que recogería agua proveniente del embalse Arenal, para satisfacer supuestas necesidades de riego, riego en áreas verdes de hoteles y consumo humano, con una inversión cercana a los 500 millones de dólares.
Sin embargo, la iniciativa despierta serias dudas en los ambientalistas ya que el mismo AyA ha confirmado que para los proyectos de abastecimiento poblacional que tiene programados en la zona, no necesita del agua que aportaría el PAACUME.
Según Fecon no hay certeza sobre quiénes serían los beneficiarios del proyecto de riego. De acuerdo con la información disponible en el expediente legislativo, se trata de más del 40% del total del agua destinada al riego para el monocultivo de caña, sumando la que seguirán utilizando los grandes desarrolladores de proyectos inmobiliarios.
También hay serias dudas sobre la viabilidad ambiental del proyecto. De hecho, todavía no cuenta con la aprobación de Setena. “En suma, los legisladores podrían estar aprobando un proyecto que no se puede realizar y sentarían un pésimo precedente sobre la indebida intervención de Áreas Silvestres Protegidas en general, y sobre las Áreas de Protección Absoluta en particular”, agregan los ambientalistas en el comunicado.
Fecon mencionó que no existe un estudio técnico que demuestre la necesidad de realizar este proyecto, ni hay claridad sobre las tres fincas que Senara afirma que se deben adquirir para compensar el daño ambiental por impactar la reserva.
“Para completar este turbio panorama, tampoco se sabe si habría fondos suficientes para adquirir estas tierras. En el expediente legislativo, consta un compromiso del anterior ministro de Agricultura de reservar alrededor de 1.600 millones de colones para este fin, sin embargo, según informan personas propietarias de las tierras a expropiar, su valor asciende a más de 10 millones de dólares, es decir, 5.700 millones de colones”, agregan.
Sin esa cantidad de dinero disponible, se estarán incumpliendo los requisitos que establece el Reglamento a la Ley de Biodiversidad, en su artículo 72, por lo que no sería posible efectuar tal compensación y se afectaría una Reserva de Protección Absoluta sin posibilidad de reparar el daño.
“En definitiva, mientras no se aclaren tantos puntos oscuros, todo el proyecto parece beneficiar solo a algunos cañeros y desarrolladores inmobiliarios que, con la excusa de “traer agua a Guanacaste” van a utilizar fondos fiscales para hacer crecer sus negocios particulares”, concluyen.
