San José, 15 set (elmundo.cr) – La Federación para la Conservación de la Naturaleza (Fecon) denunció que las grandes empresas piñeras son cómplices del déficit fiscal.
Fecon señaló que “una larga historia de exenciones e intensivos fiscales es la que nos encontramos cuando hablamos de expansión del monocultivo de la piña”.
“Estas empresas contaminantes se han aprovechado de múltiples mecanismos fiscales para amasar riqueza”, agregan.
Fecon enumera una lista de exenciones e intensivos fiscales de los que se benefician las industrias piñeras, entre ellos: Ley de Incentivos a las Exportaciones, N°6955 (1984), Contrato de Exportación (1984-1999), Certificados de Abono Tributario (1984-1999), Ley Zonas Francas, N°7210 (1972), Régimen de Admisión Temporal, Ley N°7557 (1996-actualidad), Régimen Devolutivo de Derechos, Ley N° 7557 (1996- actualidad) y Ley de Creación del Programa de Reconversión Productiva del Sector Agropecuario N°7742 (1997).
Según Fecon de los Certificados de Abono Tributario entre los años 1993 y 1996 se repartieron a 594 empresas un total de ¢62.930 millones. La compañía Pineapple Development Corporation (Pindeco) parte del conglomerado empresarial Del Monte recibió ¢3.243 millones.
Sumado a esto existen casos donde las empresas piñeras se benefician de bienes del Estado. Por ejemplo, el usufructo de 290 hectáreas en Buenos Aires de Puntarenas propiedad del Instituto De Desarrollo Rural (Inder) arrendada por montos mucho menores al precio de mercado desde 1986 y hasta la fecha, indican en el comunicado.
“Estas y muchas otras acciones estatales han puesto al monocultivo de la piña en un lugar privilegiado en términos fiscales”, aseguran los ambientalistas.
El diputado José María Villalta presentó el proyecto de ley Nº. 20.967 adición de un Artículo 23 bis a la Ley de Impuesto sobre Bienes Inmuebles Nº 7509, que gravaría con un 0,1% más en el Impuesto sobre los bienes inmuebles a las fincas ocupadas con monocultivos que excedan una superficie de 10 hectáreas.
“Este es un paso en la dirección correcta. Es necesario que Costa Rica haga lo suyo para hacer una reforma fiscal que sea social y ambientalmente justa”, concluyen los ambientalistas.
