
Alajuela, 13 jul (elmundo.cr) – La Federación para la Conservación de la Naturaleza (Fecon) denunció una nueva amenaza contra la administración comunitaria del agua en la Zona Norte por parte de Acueductos y Alcantarillados (AyA).
En una carta enviada el 9 de julio a la Unión de Asociaciones de Acueductos Integrados de la Zona Norte (Unaizon) por parte de la presidenta ejecutiva de AyA, Yamileth Astorga, comunicó que a partir del viernes 13 de julio de 2018, estarán asumiendo la administración directa de las nacientes, tomas y tanques de distribución, además los convocaron a las instalaciones del tanque Cedros para que le entreguen las llaves.
Kennet Vargas, presidente de Unaizon declaró que: “Nuestra primera reacción fue de sorpresa, pues creíamos superada la discusión legal con respecto a la administración comunitaria del agua y la pertenencia de los bienes comunales”.
Gran parte del financiamiento para la creación, gestión y mantenimiento de esta fuente de agua comunitaria lo aportaron los vecinos de Monterrey y pueblos aledaños que organizaron y trabajaban gratuitamente en cientos de fiestas y turnos; los finqueros que regalaban ganado para las subastas y mandaban los peones a romper zanjas, los miembros de la Asociación de Desarrollo que hipotecaban sus fincas con los bancos para que les otorgaran créditos.
En el artículo 2 de la Ley Constitutiva del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, en el punto g) dice: “El AyA podrá administrar operar directamente los sistemas de acueductos y alcantarillados en todo el país, los cuales se irán asumiendo tomando en cuenta la conveniencia y disponibilidad de recursos”.
La Constitución Política, en el artículo número 45 dice: La propiedad es inviolable, a nadie puede privarse de la suya, si no es por interés público legalmente comprobado, previa indemnización conforme a la ley.
El señor Vargas agregó que “hemos contestado la carta (adjunta), indicándole a la señora presidenta ejecutiva que no vamos a acceder a sus pretensiones y que defenderemos nuestro acueducto. Que el plazo otorgado es insuficiente e ilegal para un acto que es trascendental para las comunidades usuarias de un servicio. Por otra parte, le hemos dejado claro que las instancias para dialogar y negociar es la judicialmediante el proceso de ejecución de sentencia”.
Para Henry Picado, presidente de Fecon “esto no es nuevo y hay que tomar en cuenta que la administración comunitaria del agua que sigue siendo amenazada por oscuros y lucrativos intereses acaparadores de agua”.