San José, 30 may (elmundo.cr)- El Colegio de Farmacéuticos manifestó su oposición al decreto ejecutivo “Reglamento de Prescripción de Medicamentos de Conformidad con su Denominación Común Internacional (DCI) para el mercado privado costarricense”, pues la entidad considera que algunas de sus estipulaciones podrían tener efectos en la salud de los pacientes y el sector salud en general.
“El Colegio de Farmacéuticos de Costa Rica analizó a detalle lo planteado por el decreto y encontró una serie de elementos que consideramos deben ser revisados, por lo que nos oponemos a su puesta en vigencia”, expresó José Gatgens, presidente de la Junta Directiva del Colegio.
De esta manera, entre las principales falencias que el Colegió señaló dentro del decreto presentado se destaca que no solo este trata de una materia que ya está regulada, por lo que conduce a falta de utilidad de la norma reglamentaria, sino que, además, induce a considerar únicamente el precio como factor y no la salud de las personas, al momento de prescribir y entregar medicamentos.
“Por ley, nosotros como farmacéuticos estamos obligados a ofrecer e informar al paciente en la farmacia, acerca de las diferentes alternativas del medicamente prescrito, por lo que el decreto trata una materia que ya está debidamente regulada en el país. De igual manera, la misma normativa ya existente considera el papel de la administración pública en la búsqueda de la mejora en la oferta de precios a las personas y pacientes”, explicó Gatgens.
Además, dentro de este primer punto, también el Colegio consideró que el decreto es violatorio del numeral 105 de la Ley General de Salud, que dispone que “los medicamentos pueden ser presentados para su uso, comercio, distribución y suministro con nombre genérico o registrado”, de forma que, según la entidad, “no puede un reglamento estar por encima de la ley”.
“Por el otro lado, algo muy grave es que este Decreto induce a considerar únicamente el precio como factor al prescribir y comercializar un medicamento, por encima de la salud de las personas. Más que un menor costo, el paciente debe tener acceso a medicamentos que también sean seguros y eficaces, con la misma eficacia clínica y el mismo perfil de seguridad, en todas las opciones que se ofrezcan”, afirmó.
También, el Colegio indicó que el Decreto que se quiere poner en vigencia, viola la libertad profesional y el derecho a la protección de la salud de los pacientes, ya que busca la intromisión del Estado en una relación en la que es el profesional prescriptor quien tiene el mejor y el mayor criterio, según ciencia y técnica, así como la confianza, basada en la historia clínica de cada paciente.
“Sus regulaciones lesionan claramente la libertad prescriptiva, atentando contra jurisprudencia de la Sala Constitucional y criterios de la Procuraduría General de la República; y se abandona al paciente, pues no considera brindarle la debida información para que decida que medicamento adquirir, privilegiando únicamente razones de costo bajo la premisa del acceso, en detrimento de las mejores opciones terapéuticas, cuando en esta decisión intervienen muchos otros elementos más allá del precio”, completó Gatgens.
Otra de las deficiencias que identificó el Colegio es que introduce elementos discriminatorios, pues excluye los medicamentos de venta libre que igualmente podrían ser prescritos; deja por fuera a los médicos veterinarios; no sigue la definición establecida de la Ley General de Salud para el medicamento, medicamentos de nombre genérico y de nombre registrado, así como tampoco sigue la definición de medicamento genérico establecida por la Organización Mundial de la Salud; y promueve condiciones ‘irracionales y desproporcionadas’ para los establecimientos farmacéuticos.
Respecto a este último punto, los representantes del sector consideran como desproporcionado obligar a las farmacias a exhibir listas para todos los medicamentos genéricos de cada principio activo; además de plantear que se limita la actividad profesional del farmacéutico al obligarle a no despachar en los casos en que no se prescriban medicamentos genéricos, se incurre en aumento de la demanda de tiempo y recursos para las autoridades sanitarias, entre otros elementos que justifican su posición.
“Finalmente, por todos los riesgos que el Colegio identificó en el Decreto, de manera oficial, sugerimos no considerar en lo absoluto el reglamento propuesto, recomendamos al Ministerio de Salud un análisis del marco jurídico ya vigente e instamos al mismo Ministerio a que se sume en conjunto con el Ministerio de Economía y Comercio y la Comisión para Promover la Competencia (Coprocom), en un análisis exhaustivo del mercado, a fin de determinar con rigor técnico qué podría estar generando disparidades en los precios de los medicamentos y las alzas en estos que puedan comprometer su acceso”, concluyó.
