San José, 11 nov (elmundo.cr) – Ante la próxima visita del presidente salvadoreño Nayib Bukele al Centro de Atención Integral (CAI) Jorge Arturo Montero, conocido como “La Reforma”, la organización Familia Penitenciaria Unida ha manifestado su preocupación por lo que consideran una “validación internacional de un proyecto político deshumanizante como el que impulsa el Estado salvadoreño para enfrentar la criminalidad”.
“Quienes integramos Familia Penitenciaria Unida también padecemos los efectos de la crisis de inseguridad que hoy vive Costa Rica, pero estamos convencidos que esta no se resuelve copiando modelos de seguridad basados en el encierro masivo, la tortura disfrazada de justicia y el abandono de los sectores populares más empobrecidos”, señalaron en un comunicado.
Para la organización, la política de Bukele, ampliamente publicitada a nivel internacional, representa un enfoque que privilegia el “encierro masivo” y que, si bien es “electoralmente atractiva”, deja de lado el abordaje integral de la inseguridad y la violencia. En lugar de estos modelos, aseguran que Costa Rica debe evitar “justificar el abandono estatal de nuestras comunidades, el deterioro de la educación y la salud pública, la precarización de nuestros trabajos, la falta de un horizonte de futuro para nuestros jóvenes y la normalización de la violencia”.
Aprovechando la atención mediática que ha suscitado la visita de Bukele, Familia Penitenciaria Unida destacó la necesidad de fortalecer el sistema penitenciario nacional, recordando que “la cárcel alberga seres humanos, cuya privación de libertad no autoriza el maltrato y la discriminación”.
El comunicado insiste en que, para lograr una “rehabilitación verdadera”, el Estado costarricense debe “fortalecer las capacidades institucionales del sistema penitenciario antes que construir más cárceles”. También subraya la importancia de asegurar condiciones de trabajo dignas para la policía y los equipos técnicos, así como de invertir en infraestructura para garantizar “apoyo social y psicológico, seguridad y acceso digno a la salud y la educación”.
La organización concluye su mensaje exigiendo un enfoque de seguridad basado en la justicia y la solidaridad: “Como familias y seres queridos de la población privada de libertad, exigimos un gobierno a la altura de los principios de justicia y solidaridad que defendemos los y las costarricenses. Un gobierno que se comprometa con la seguridad integral en lugar de importar prácticas y discursos que atenten contra los derechos humanos y la dignidad de una población cuya vida depende de la custodia estatal”.
Finalmente, Familia Penitenciaria Unida expresa su rechazo a la idea de que “el castigo y el encierro sean las principales herramientas del Estado para gobernar”.
