San José, 28 nov (elmundo.cr)- El candidato presidencial del Partido Restauración Nacional (PRN), Fabricio Alvarado, impulsaría la creación de un cuerpo especializado de investigación, que estaría bajo el control del mandatario de la República y contaría con el apoyo de la Dirección de Inteligencia y Seguridad Nacional (DIS).
Así se reseña en el Plan de Gobierno (2018-2022) del partido político. La iniciativa buscaría que los ciudadanos y funcionarios-con anonimato protegido-, denuncien casos de corrupción originados en las instituciones estatales.
El cuerpo de investigación una vez que determine que hay evidencias sustantivas a favor de la denuncia, presentará los resultados ante el Ministerio Público.
A criterio del PRN, la corrupción es un problema de inteligencia desde el punto de vista del Estado.
Como parte de las propuestas de Alvarado, en caso de llegar a Zapote, también se crearía la Comisión Presidencial de la Ética, para valorar a las personas que se nombren en el gobierno y así coordinar los esfuerzos anticorrupción en todo el sector público.
Lo anterior dentro de los cánones de la conformación de un gobierno meritocrático (es una forma de gobierno basada en el mérito).
Asimismo, Restauración Nacional revisaría las leyes anti-corrupción del país, con el fin de buscar eliminar la impunidad lo “más posible” y aumentar las penas hasta donde sea necesario. “Quien le robe a todos los costarricenses debe ir a la cárcel”, añade la propuesta del aspirante a la Presidencia de la República.
En el combate contra la corrupción, además promovería el proyecto de Reforma al Reglamento de la Asamblea Legislativa, que fue planteado por Restauración Nacional.
Dicha iniciativa plantea que los informes afirmativos de las comisiones de control político que investiguen casos de corrupción, sean enviadas al Ministerio Público con un solo dictamen, sin que sea necesario que el asunto lo conozca el Plenario.
De igual forma, en el Plan de Gobierno plantea el impulso del proyecto de ley para agilizar los plazos de investigación que realice la Fiscalía en casos de corrupción.
