San José, 31 ago (elmundo.cr) –El diputado y candidato presidencial del Partido Restauración Nacional, Fabricio Alvarado, ha sido un fuerte opositor, durante este periodo legislativo, del rol que desempeña el Instituto Nacional de la Mujer (Inamu), incluso insiste en transformarlo en el instituto de la familia.
Sus ataques van dirigidos al supuesto descuido y una labor “ineficiente” en cuanto al manejo de los recursos y el superávit, además de considerar que la entidad se ha convertido en promotora de la división familiar, provocando que “las mujeres vean como enemigos a los hombres”.
En el 2015, un poco más de un año después de haber asumido el gobierno actual, el diputado cristiano señaló que los datos de la Contraloría en aquel entonces eran “claros y contundentes”, con relación a la subejecución del Inamu que estaba “muy por encima” de la registrada un año antes.
Por eso, de llegar a Casa Presidencial impulsaría la transformación del Inamu en el instituto de la familia, para que se proteja a las mujeres en caso de agresión y a la vez garantizar equidad e igualdad en la población femenina respecto a materia laboral. También pretende que la institución tenga capacidad de enfrentar con equilibrio las crisis que se dan dentro de las familias.
“Hay muchos casos que se pueden resolver sin llegar precisamente a los extremos a los que está llegando el Instituto de la Mujer, porque, lamentablemente, en este Gobierno PAC, el Inamu ha sido un promotor del aborto, la misma presidenta fue a la ONU prácticamente a promover el aborto y eso generó precisamente un pronunciamiento de la organización”, reprochó.
Según Alvarado, el trabajo del Inamu “ha dejado mucho que desear”, pues considera que se ha dedicado a promover una ideología en lugar de defender los derechos de las mujeres. Cuestionó que “a principios de este gobierno le negó los dineros que ya estaban aprobados hasta por la Contraloría para crear un albergue de víctimas de trata de personas y de compra de mamógrafos en hospitales rurales”.
“Lo más preocupante es que la señora Mora, por ejemplo, no quiso girarle a la fundación Rahab- la ONG más importante en temas de trata internacional de mujeres- los recursos para la construcción de un albergue para ellas, presupuestado del superávit acumulado al 2013”, reclamó el diputado.
La ministra de la Condición de la Mujer, Alejandra Mora, salió al paso ante los nuevos cuestionamientos del legislador, al manifestar que ante la pretensión de las personas de gobernar un país como Costa Rica, se debe considerar a toda la población y a la vez entender las necesidades entre los hombres y las mujeres.
Para Mora, de no comprender esto se seguiría por el camino de legislar, regular o llevar a cabo acciones públicas genéricas, como si “todos y todas fueran iguales”.
“Esta enseñanza que tiene años de años de estar como un punto de partida, que ha significado la especificidad, que ha significado una herramienta que es el género, que ahora han sacado que es una ideología de género, es una herramienta para entender los impactos diferenciados sobre los hombres y las mujeres. Ha permitido empezar hacer equilibrios en esas desigualdades que tenemos”, explicó.
Aunado a ello, la Ministra dijo que para gobernar debe prevalecer el conocimiento sobre las brechas, y si no se conoce el país, no se saben identificar, además de señalar que en Costa Rica solo el 43% de las mujeres está dentro de la población económicamente activa.
“Podemos seguir hablando de las brechas que Fabricio no quiere entender, como es la brecha de salud sexual y reproductiva; es decir, ¿cómo que no damos información? y ¿cómo que no atendemos a los adolescentes?, entonces, ¿cuál sería el destino? El destino es el que están teniendo muchas de nuestras mujeres, que tempranamente tienen embarazos no deseados”, argumentó.
La jerarca del instituto comentó que el desarrollo no se comprenderá si no se observa desde una óptica de inclusión, de sostenibilidad y de género, dando como referencia a otros países desarrollados que han logrado tener tasas de desarrollo humano, donde los ingresos se pueden distribuir de forma tal que permita empujar a los sectores más desfavorecidos.
Sobre las acusaciones que recibió el Inamu de no recibir hombres, Mora alegró que “nunca” se han decantado por un proceso de exclusión, sin embargo, la población femenina llega para ser atendida individualmente. “Así que el hecho de que siga hablando desde los estereotipos es complejo porque le explicamos y le explicamos y sigue colocando los temas en el mismo lugar”, acotó.
En cuanto a transformar el instituto, la funcionaria defendió su existencia a raíz de un mecanismo que opera para “adelantar los derechos de las mujeres”, el cual nace como una propuesta universal y lo tienen todos los países excepto aquellos ultra conservadores.
Sumado a eso, ahondó sobre dicho mecanismo que, a su parecer, da la posibilidad de hacer una mirada distinta en el entendido de que permite generar políticas públicas para luego amortiguar las diferencias.
“Desaparecer el instituto además tiene una implicación de un sistema de igualdad, que tiene oficinas de género, la tiene en la Asamblea Legislativa, la oficina de género del Poder Judicial, el Tribunal Supremo de Elecciones y cada una de las municipalidades”, subrayó.
En relación con sus viajes al exterior, Mora los calificó de beneficiosos puesto que se trajo el análisis de brechas de empoderamiento económico, se hicieron negociaciones a las mujeres en ciencia y tecnología, también lideraron el proceso de autonomía económica, al igual que la elaboración de una nueva política de igualdad sobre la base de cooperación con otros países.
Cantidad de femicidios en el país y la región
Como aporte al tema, EL MUNDO recurrió a fuentes documentales para conocer las estadísticas de femicidios en el país. Incluso, según un estudio realizado por el observatorio de violencia de género contra las mujeres y acceso a la justicia del Poder Judicial, este delito es considerado el más grave de las violencias de género.
El estudio se divide en dos tipos de femicidio. El primero es el femicidio legal, tipificado por el artículo 21 de la Ley de Penalización de Violencia contra las Mujeres, el cual sanciona las muertes de las mujeres a manos de sus cónyuges o parejas actuales.
El segundo es el femicidio ampliado. En éste se incluyen las muertes violentas de mujeres, por género, en donde no había una relación de matrimonio o unión libre: ejemplo, las muertes durante el noviazgo, después de un divorcio, luego del cese de una unión de hecho y las que ocurren en ámbito público, a raíz de un ataque sexual, entre otros.
En este informe se da a conocer que el femicidio se considera como tal cuando una mujer es asesinada, ya sea por su condición de género, usualmente en manos de su pareja actual o pasada, o bien, cuando es cometido por otro hombre con quien no tiene o tuvo una relación sentimental.
Además agrega que no es un homicidio común, sino producto normalmente de una violencia escalonada y una relación desigual entre la mujer y el hombre femicida. Por ejemplo, en el 2007 se promulgó la Ley de Penalización de la Violencia contra las Mujeres y, desde ese entonces hasta finales del 2015, se registró un total de 261 femicidios en Costa Rica.
Un año después, según cifras conocidas por la Sub-Comisión Interinstitucional para el Registro del Femicidio, hubo 26 femicidios de un total de 65 homicidios contra mujeres. Es decir, poco más de dos femicidios por mes. Asimismo, este número aumentó en forma alarmante en los primeros meses de 2017, cuando el 2 de junio, fecha de la última reunión de la Sub-Comisión-se habían registrado 16 femicidios, de un total de 28 muertes violentas.
De igual forma, en el periodo 2007 y 2015, de los 88 femicidios tipificados por el artículo 21 de la Ley de Penalización de Violencia contra las Mujeres, en el 81% de los casos (71), quienes lo cometieron fueron los exconvivientes, y en el 19% restante, los exesposos.
La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), reveló recientemente que Latinoamérica registra las tasas más altas de femicidios en el mundo, e incluso de los 25 países más violentos, 14 son de la región; aunado a que 12 mujeres en promedio son víctimas de este delito a diario.
Según la Organización Mundial de la Salud, Guatemala encabezaba en el 2016 la lista de los países centroamericanos donde era más frecuente el femicidio, al registrar 630 hasta el 31 de octubre; le sigue Honduras, con 228 asesinatos entre enero y junio; luego El Salvador, que en el primer semestre de ese año reportó 154 casos; Nicaragua, donde al menos 45 mujeres perdieron la vida por este delito; Panamá con 14 y por último se sitúa Costa Rica con 26 reportes.
Sobre estas cifras, la Ministra aseguró que en el tema de prensión de violencia han hecho un trabajo estratégico, que se refleja al comparar los indicadores del país con el resto de Centroamérica, y siendo de paso el segundo o tercer lugar con menor índice de femicidios en toda la región latinoamericana.
