San José, 30 set (elmundo.cr) –Mientras algunos funcionarios de los tres poderes de la República y directivos de entidades bancarias, se debaten entre cuestionamientos de los cuales tratan de exculparse, otros que no han sido salpicados como el candidato presidencial de Restauración Nacional, Fabricio Alvarado, sacan provecho e izan la bandera contra la corrupción.
En medio de una campaña electoral agitada por las aguas turbias del cemento y otros créditos, Alvarado sale al paso y arroja el ancla por la borda; un intento político calculado y tres proyectos de ley pretenden frenar el arrastre mar adentro de los tres poderes del Estado costarricense, ante las conjeturas de posibles actos irregulares.
El legislador evangélico, quien días atrás prometió ser protagonista de cara a las elecciones del próximo 4 de febrero, aseguró que la corrupción es un mal que carcome a la sociedad, por eso considera urgente eliminar la impunidad que “hay en estos delitos”.
Por esa razón, el diputado instalaría tres mástiles para evitar el naufragio del barco donde navega la institucionalidad del país, la credibilidad del ciudadano hacia la clase política y la célere respuesta a las pesquisas contra actos de presunta corrupción.
“Es una respuesta al menos desde nuestra visión a las situaciones que se han venido dando, que precisamente han golpeado la institucionalidad y la credibilidad de la clase política, definitivamente le va a dar una mayor celeridad a la investigación de los casos para que no queden ahí durmiendo el sueño de los justos”, manifestó el candidato presidencial.
Para ello, el congresista presentaría en los próximos días un proyecto de ley para que las investigaciones de la Comisión de Ingreso y Gasto Público de la Asamblea Legislativa vayan directo a la Fiscalía y así “no pasen años”, esperando ser resueltos por el Plenario.
Al respecto comentó que “hay investigaciones que tienen ahí 9 o 10 años en el Plenario sin ser votados, y que no se votan específicamente por temas políticos y por intereses políticos”.
La segunda iniciativa le mete presión a las investigaciones por presunta corrupción que están en el Ministerio Público, para que no tarden más de dos años sin resolverse. En la propuesta se establecería un plazo con el propósito de que estos casos “no terminen durmiendo el sueño de los justos”.
“Es lamentable ver que no sucede nada en el Ministerio Público por la ineficiencia, empezando por Jorge Chavarría, pero también de la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción”, aseguró.
Según dijo, como parte del control político, le deben exigir a Chavarría que esa comisión sea conformada por fiscales de “más experiencia, calidad y fuerza”, para que los casos caminen. “Tenemos información de que quienes la conforman son personas que no tiene los atestados”, añadió.
En un tercer proyecto, Alvarado establecería un proceso más riguroso, en cuanto a los requisitos que se piden para ser miembro de la junta directiva de un banco estatal.
Sobre este último punto, cabe destacar que el presidente de la República, Luis Guillermo Solís, en un intento fallido, le solicitó la renuncia en pleno a la Junta Directiva del Banco de Costa Rica, por los polémicos créditos que giran en torno al caso del cemento chino y Coopelesca. LEA TAMBIÉN: Luis Guillermo Solís pide la renuncia de la Junta Directiva del BCR
Se dice malogrado, ya que los siete directos de la entidad bancaria, de inmediato salieron al paso para dar a conocer que no abandonarán el puesto que actualmente ostentan. LEA TAMBIÉN: Junta Directiva del BCR se niega a renunciar, pese a pedido del presidente Solís
Incluso, a raíz de un informe emitido por la Superintendencia de Entidades Financieras (Sugef), que dio rienda suelta a la solicitud del mandatario, tres miembros de la Junta Directiva del BCR sospechan que presidencia intentó silenciarlos con su destitución. LEA TAMBIÉN: Directivos del BCR sospechan que Casa Presidencial intentó callarlos con su destitución
Alvarado con estas tres propuestas, que trabajaría de acá a un mes, buscaría fortalecer el sistema financiero y judicial, en cuanto a supuestos casos de corrupción.
