San José, 20 ene (elmundo.cr) – El diputado de Nueva República, Fabricio Alvarado, celebró la aprobación de la Ley contra el sicariato, “tras una lucha legislativa prolongada y pese a la oposición de sectores políticos que intentaron bloquearla”.
Este lunes quedó aprobada en segundo debate esta iniciativa que fue presentada por el diputado David Segura, que permitirá castigar hasta con 40 años de prisión a quienes asesinen por encargo.
El proyecto tipifica por primera vez el sicariato como un delito autónomo dentro del Código Penal, “enviando un mensaje contundente al crimen organizado: en Costa Rica, la vida de la gente buena se defiende con leyes firmes”, indicaron desde Nueva República.
La nueva legislación adiciona el artículo 112 bis al Código Penal y establece penas de 25 a 40 años de prisión para quien, como parte de una organización criminal, cause la muerte de otra persona por encargo, acuerdo o pago. Hasta hoy, estos crímenes se castigaban únicamente como homicidio calificado, sin reconocer la gravedad específica del sicariato.
Además, la ley incorpora el artículo 280 bis, que sanciona con 3 a 5 años de prisión a quien ofrezca, solicite o promueva públicamente servicios de sicariato, incluyendo la preparación o entrenamiento para cometer estos asesinatos. Es decir, no solo se castiga al que mata, sino también al que promueve y facilita estos crímenes.
Alvarado explicó que el proyecto sufrió una fuerte resistencia de diputados del PLN y Frente Amplio. A lo que Alvarado comentó que “mientras algunos priorizan excesivamente los derechos del criminal, Nueva República decidió ponerse del lado de las familias que hoy viven con miedo”.
“Este proyecto es una señal contundente que le damos a los delincuentes, en materia de seguridad tendremos mano dura, porque en mi gobierno la víctima será la prioridad, el delincuente solo debe tener un lugar: la cárcel”, sostuvo.
Alvarado enfatizó que “nos queda seguir trabajando para que los delincuentes que hoy están en la cárcel trabajen, estudien y cuando salgan de cumplir su pena no vuelvan a dañar a las familias costarricenses”.
